Vizcaya ha iniciado los trámites necesarios para instalar un modelo de peajes para vehículos pesados con una treintena de arcos de control. Pese a la polémica y la batalla jurídica -con varias sentencias en contra- que existe contra la Diputación de Guipúzcoa por un proyecto similar al ser tildado de discriminatorio, las autoridades provinciales están dando todos los pasos necesarios para dar forma un sistema de peajes para camiones en vías como la N-240, la BI-625 o el Corredor de Chorrieri con una treintena de arcos de control que serían colocados progresivamente.

La Diputación Foral de Vizcaya ha propuesto ya en las Juntas Generales un proyecto con el que dar forma a estos peajes a vehículos pesados a imagen y semejanza del controvertido sistema de pago por uso de sus carreteras que tiene operativo Guipúzcoa y que ha sido suspendido por el Tribunal Supremo. Aunque desde las autoridades señalan que se busca un modelo con el que avanzar hacia un modelo de mantenimiento de las infraestructuras eficiente, lo cierto es que el sector del transporte de mercancías por carretera de la región ha rechazado de pleno esta iniciativa.

La idea de las autoridades es poner en marcha un sistema de pago por uso para los camiones de más de 3,5 toneladas en vías como la N-240, BI-625 y el Corredor de Chorrieri, pero también en la N-636 y la A-8. Con esta medida, la administración regional pretende incentivar la circulación de los grandes camiones por las vías de alta capacidad disponibles en la región y acabar así con las consecuencias negativas de los desequilibrios que se producen en las vías mencionadas. Para tal fin, se prevé la colocación gradual de treinta arcos de control con sistema ‘free-flow’.

Mientras las autoridades provinciales vizcaínas estiman una reducción del tráfico de camiones de hasta un 50% en algunos de los tramos señalados e importantes descensos de emisiones y kilómetros recorridos, algo que en teoría supone un ahorro para el transporte de mercancías por carretera, lo cierto es que los representantes del sector se han opuesto de manera frontal a este proyecto. FENADISMER y otras asociaciones como Asotrova no sólo han mostrado su rechazo, sino que vigilarán la puesta en marcha de un proyecto que debe contar con el visto bueno de la Unión Europea.