Distintos medios italianos informan que la filial italiana de UPS está siendo investigada por el Departamento de Finanzas del país por presunto fraude fiscal y explotación de los trabajadores que tenía a su cargo, toda vez que estos empleados no estaban ligados directamente al gigante logístico y sí a un total de 178 empresas diferentes que actuaban como reservorio de personal para la compañía. Por estas subcontrataciones, UPS se enfrenta a un posible delito de emisión de contratos ficticios y facturas falsas.

La Policía Financiera ha encadenado una serie de investigaciones contra varias empresas de transporte, logística y paquetería del país, estando UPS entre las mismas. La acusación de los investigadores refleja que la compañía utilizó mano de obra ilícita por valor de 480 millones de euros, además de un posible fraude de 86 millones de euros adicional en IVA por el uso de contratos ficticios y la emisión de facturas de operaciones inexistentes. Dentro del proceso, la fiscalía ha solicitado la prohibición de que la empresa publicite sus bienes y servicios durante un año.

En este sentido, la Policía Financiera italiana tendría evidencias de que UPS utiliza empresas filtrantes para fijar sus relaciones laborales para evitar sistemáticamente el pago del IVA y de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores. Una práctica que ha resultados ser muy común en el entramado logístico italiano, puesto que las investigaciones por este tipo de delitos en el sector se remontan a 2019, si bien en un primer momento se centraron en pequeños consorcios, cooperativas y empresas.

El caso de UPS, por la relevancia de la empresa, ha tenido mucha más repercusión, sobre todo por cómo se ha desarrollado el fraude. La multinacional tenía en cartera a 178 empresas diferentes gestionadas por testaferros que servían para subcontratar al personal. Estas pequeñas sociedades anónimas de corta duración no eran más que empresas ficticias representadas por testaferros con el único objetivo de proporcionar mano de obra. Además, esta circunstancia permitió que los trabajadores se vieran obligados a asumir cambios de empresas o conceptos en sus nóminas manipulados.