El sector de la logística y el transporte cerró el último trimestre de 2023 con un total de 1.144.900 ocupados, lo que supone un descenso del 0,25% respecto al cierre de 2022 (1.148.000 ocupados), según se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). «Estos datos constatan la desaceleración económica que preveían nuestras empresas para el comienzo de 2024, y que ha provocado una bajada en el número de ocupados para afrontar la campaña de rebajas», ha señalado el presidente de UNO, Francisco Aranda.

«Son diversos los indicadores macro que nos hacen advertir de un estancamiento en la curva de crecimiento del empleo para este año», ha proseguido. En esta línea, Aranda ha denunciado el impacto negativo de las últimas medidas laborales impuestas por el Ministerio de Trabajo, «que afectarán gravemente a las empresas y a su capacidad para generar empleos sostenibles y de calidad«.

«Proponer una subida del 5% del SMI, sin el consenso de los empresarios, en pleno proceso de desaceleración económica y sin apoyarse en políticas destinadas a incrementar la productividad, es una temeridad», ha aseverado Aranda. «Además, se trata de una medida carente de criterio técnico, especialmente grave si se tiene en cuenta que en España pagamos uno de los más elevados impuestos al empleo, y aún somos el único país de la UE con una tasa de paro de dos dígitos«, ha proseguido.

Lo mismo sucede con la reducción de la jornada laboral semanal que, en palabras de Aranda, «significa un nuevo incremento de los salarios, tendría un coste empresarial de 64.000 millones de euros y supone otro zarpazo del Ministerio de Trabajo al diálogo social y a la propia negociación colectiva de los diferentes sectores y territorios«. «Todo ello, sin olvidar que vivimos en un país en el que existen casi cinco millones de empleados a tiempo parcial que quieren trabajar más horas«, ha subrayado el líder patronal.

«Estas nuevas medidas ideológicas de la ministra de Trabajo, unidas a las elevadísimas cotizaciones sociales que pagan nuestras compañías, parecen tener el único objetivo de reducir la ya de por sí castigada productividad empresarial, que se ha desplomado un 7,3% en lo que va de siglo, según el OPCE«, ha recordado el presidente de UNO.

Por tanto, «las medidas que se adopten en los próximos meses serán cruciales para el futuro de la economía y nuestro mercado laboral, y deberán ir enfocadas a incrementar sustancialmente la productividad, sofocar la presión empresarial y fomentar activamente la captación y retención de talento«. De lo contrario, ha concluido Aranda, la subida de costes y tipos de interés, la inflación, y la inseguridad jurídica tendrán un impacto difícilmente reversible sobre el volumen de nuestra actividad y, por tanto, sobre las cifras de empleo».