Desde Fenadismer recuerdan al Gobierno que la subida de 10 céntimos en el impuesto al gasóleo afectará a un tercio de los transportistas españoles. Este lunes, el Congreso de los Diputados debatirá el proyecto de Ley de prórroga del impuesto extraordinario a la Banca y otros, que incluye una enmienda del Grupo Socialista que propone una subida de 10 céntimos por litro en el impuesto al gasóleo, con el objetivo de equipararlo a la fiscalidad que soporta la gasolina.
Fenadismer señala que, contrariamente a lo indicado en la justificación de la enmienda, de aprobarse esta subida, afectará a un número significativo de transportistas españoles, especialmente autónomos. Esto se debe a que, actualmente, la legislación no permite que más de 130.000 vehículos de transporte se beneficien de la devolución parcial del impuesto, medida que solo está disponible para los transportistas de mayor tonelaje.
No es la primera vez que los partidos actuales en el Gobierno intentan aumentar la fiscalidad sobre el diésel para igualarla a la de la gasolina. En la legislatura anterior, en los proyectos de ley de 2019 y 2020, se propuso este incremento, aunque no prosperó al ser rechazado en el trámite parlamentario.
Cabe recordar que en 2018, los combustibles sufrieron una subida impositiva significativa de hasta 4,8 céntimos, según las Comunidades Autónomas, con el fin de unificar el tramo autonómico que hasta ese momento presentaba diferentes importes.
En esta ocasión, la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, a través de una enmienda al proyecto de Ley de prórroga del impuesto extraordinario a la Banca, plantea una subida de 10 céntimos en el impuesto sobre el diésel, que se aplicaría a partir de enero. Fenadismer considera que esta medida afectaría negativamente a la viabilidad de una parte importante del sector del transporte por carretera, especialmente a los transportistas de menor tamaño, quienes no tendrían capacidad para absorber esta subida impositiva.
Contrariamente a lo señalado en la enmienda, esta subida impactaría a todos los transportistas titulares de vehículos de menos de 7,5 toneladas, la mayoría autónomos, que representan casi un tercio de la flota de transporte en España, es decir, alrededor de 130.000 vehículos de mercancías. Estos transportistas asumirían íntegramente el aumento del impuesto, ya que la regulación actual del gasóleo profesional impide que puedan recibir la devolución por parte de la Agencia Tributaria de cualquier incremento impositivo en los carburantes.