El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha extraviado, de forma incomprensible, todo el material del expediente judicial relativo al recurso de las asociaciones de transporte contra los desvíos obligatorios a los que han sido sometidos los camiones en las autopistas AP-7 y AP-2. Le medida que entró en vigor en septiembre de 2018 ha obligado a más de 4.000 camiones diarios a circular por autopistas de peaje por razones de difícil justificación. Sin embargo, esta pérdida impide dictar la sentencia que estaba prevista para el 12 de enero.

En una situación del todo incomprensible, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha extraviado el expediente judicial que hacía referencia al caso de los desvíos obligatorios de camiones en la AP-7 y AP-2. Desvíos que se producen en teoría para mejorar la seguridad vial en torno a datos de siniestrabilidad que nunca fueron justificados. Situación que fue denunciada por distintas asociaciones de transporte, ya que el desvío obligatorio obligaba a usar autopistas de pago, con el consiguiente perjuicio para los transportistas.

Como es lógico, FENADISMER ha denunciado esta situación con enorme perplejidad al recibir la notificación del TSJ de Cataluña. Desde la asociación no se entiende como en la actualidad, con todos los procedimientos judiciales digitalizados, se ha podido perder el expediente del proceso promovido por el Comité Nacional de Transporte por Carretera contra estos desvíos obligatorios. Ahora, las partes deberán aportar de nuevo toda la documentación y las pruebas de dos años para proceder a la reconstrucción del caso.

Una circunstancia que impedirá dictar sentencia en la fecha inicialmente señalada, este martes 12 de enero. Casualidad o no, la nueva situación con la pérdida del expediente y la necesaria recopilación de todos los datos impedirá con toda seguridad que el fallo judicial llegue a producirse antes del mes de septiembre, momento en el que ambas autopistas quedarán liberalizadas al terminar la concesión que actualmente pesa sobre ellas. Se queda parado así un proceso que intentaba demostrar que los desvíos obligatorios en la AP-7 y AP-2 suponen una medida discriminatoria contra el transporte, además de injusta y populista.