El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado ilegal el recargo impuesto en los combustibles por Portugal, tal y como ocurrió con el ‘céntimo sanitario’ español. La denominada ‘contribución por el servicio vial’ que cobraba el Ejecutivo luso se traducía en un recargo de más de 11 céntimos por litro sobre el Diésel y otros combustibles. Aunque esta medida afecta principalmente al transporte local, los transportistas españoles que hayan repostado en el país vecino durante los últimos 4 años podrán reclamar.

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, por las tuyas a remojar. Tras la decisión del TJUE de declarar ilegal el Impuesto sobre Ventas Minoritarias de Determinados Hidrocarburos, un impuesto que recibió el nombre coloquial de ‘céntimo sanitario’ en España, la autoridad judicial europea también ha declarado ilegal la ‘Contribución por el Servicio Vial’, impuesto que, con un nombre distinto, aplicaba de igual modo el Gobierno de Portugal desde 2007. Un recargo para el mantenimiento de infraestructuras que aportaba a las arcas lusas más de 600 millones de euros anualmente.

Este impuesto se ha aplicado en el Diésel, gasolina y GLP con un recargo medio -distinto para los tres tipos de combustible- de 10,5 céntimos por litro, pero fue derogado a finales de 2022 por el propio Gobierno de Portugal ante la previsión de un posible fallo en contra del mismo. Ahora, el Ejecutivo luso tendrá que reembolsar la contribución declarada ilegal, lo que abre la posibilidad de que los transportistas y consumidores afectados puedan reclamar el importe pagado durante los últimos cuatro años, así como exigir los intereses de demora correspondientes.

En este sentido, FENADISMER en colaboración con la asociación portuguesa ANTP trabaja ya en la posibilidad de dar soporte a los transportistas españoles afectados. La Federación quiere dar todo el apoyo legal necesario con el fin de iniciar el procedimiento administrativo ante la Autoridad Tributaria de Portugal para solicitar el reembolso de las cantidades pagadas en los repostajes en el país vecino, incluso si como sucede en España los obstáculos y dificultades que plantea el proceso sólo permitirá que se reembolse una parte del total ingresado por las arcas públicas portuguesas.