El Tribunal de Cuentas Europeo ha detectado graves insuficiencias en los grandes proyectos de infraestructuras de transporte cofinanciados por la Unión Europea. El organismo europeo ha detectado que los proyectos que cuentan con su apoyo experimentan mayores sobrecostes y retrasos que en otras grandes economías mundiales. Al menos esta es la conclusión que saca el Tribunal de Cuentas Europeo en comparación con proyectos de perfil similar en Estados Unidos, Australia, Canadá y Suiza. Un problema de gestión que el Tribunal de Cuentas analiza en profundidad.

La Unión Europea se propuso en 2013 completar una red básica transeuropea de infraestructuras de transporte para el año 2030, así como una red global para 2050. Con todo, la realidad es que los plazos de finalización son excesivamente ambiciosos si se tiene en cuenta la financiación disponible. Por este motivo, el Tribunal de Cuentas Europeo insiste en que es necesario que haya una planificación coordinada, para lo que es necesario una armonización entre Estados, con el fin de fomentar grandes corredores y tramos transfronterizos.

El problema es que los Estados miembro no están obligados a alinearse con los objetivos de la Unión Europea, por lo que suelen dar prioridad a la creación de infraestructuras para aliviar el transporte doméstico. Y esta es la principal diferencia con Estados Unidos, donde los planes de transporte regionales se elaboran siguiendo directrices federales detalladas, cumpliendo con unos objetivos que luego son justificados ante el Gobierno federal. Sin embargo, la Unión Europea carece de mecanismos para obligar a los Estados a la ejecución de sus proyectos.

En este aspecto, la ejecución de los grandes proyectos transeuropeos experimenta un retraso medio de 11 años. Aunque la Unión Europea organiza los planes de cofinanciación dentro del plazo de siete años del marco financiero plurianual (MPF), con el actual MFP de 2021 a 2027, el plazo medio de construcción para los grandes proyectos europeos alcanza los 15 años. Por este motivo, al presupuesto inicial se añaden subvenciones posteriores, lo que conduce a la duplicación de esfuerzos para los promotores y autoridades, incrementando la carga administrativa y el presupuesto final.