El Tribunal de Trabajo de Brujas (Bélgica) ha condenado al director y gerente de la empresa de transporte Krismar Transport a una pena de tres años de cárcel -dos de ellos de suspensión- por llevar a cabo prácticas de ‘dumping’ social dentro de la actividad, así como por otros delitos como trata de seres humanos, homicidio negligente e incumplimiento de las leyes sociales. Además, un empleado de nacionalidad polaca de la empresa ha sido condenado a 15 meses de prisión por reclutar a los transportistas profesionales para la compañía.

La condena de 3 años de cárcel para el director de Krismar Transport nace del fallecimiento de dos transportistas de nacionalidad polaca en un incendio que tuvo lugar en un almacén de la empresa en la localidad de Wingene, en Flandes Occidental. Fruto de este terrible suceso, los investigadores descubrieron que nueve trabajadores polacos dormían esa misma noche en el almacén, práctica que se repetía de forma continuada. Por si esto no fuera poco, otro chófer falleció tiempo después como consecuencia de las heridas sufridas en el incendio, aunque esta muerte no se pudo vincular al suceso.

Pese a todo, el historial delictivo de Krismar Transport no termino ahí y mientras la empresa seguía prestando servicios con ‘normalidad’, otro conductor profesional perdió la vida en otro terrible accidente, en este caso por la intoxicación provocada por los gases de escape de un calentador de gas en la cabina, todo dentro de las instalaciones de la empresa. Un suceso que terminó por poner de relieve este caso, ya que a nivel judicial el proceso se había aplazado una y otra vez sin que se diera resolución al mismo.

Estos aplazamientos respondían a la estrategia llevada a cabo por el abogado de la compañía. Sin embargo, este proceder no ha servido de nada y el director de Krismar Transport y el ‘cazatalentos’ polaco que reclutaba conductores han sido condenados, pese a que la petición por la defensa de absolución. Además de las condenas para el director, este empleado de origen polaco y otros cuatro empleados, la fiscalía ha confiscado más de 4,4 millones de euros en propiedades de la empresa. El proceso está a la espera de una posible apelación.