El sector del transporte de mercancías por carretera ha vivido dos años realmente complejos. La pandemia de COVID-19 alteró por completo el modelo económico, funcional y logístico de la actividad, obligando a los conductores a exponerse a la enfermedad. Pese a la resiliencia que permitió mantener el abastecimiento de productos de primera necesidad como son las frutas y verduras, el sector del transporte frigorífico tampoco escapó indemne del impacto. La falta de conductores o el aumento desmesurado del precio del combustible y la energía han dificultado todavía más la actividad.

Con un incremento del precio del Diésel del 25% en el último año y una subida del precio de la luz y de otras fuentes de energía sin precedentes, el sector del transporte frigorífico agoniza. Incluso las empresas más grandes acusan esta grave situación ante la falta de herramientas para repercutir el sobrecoste del combustible y la energía en sus clientes. Por su parte, las pymes y los profesionales autónomos se ‘desangran’ y sus opciones de sobrevivir son mínimas. Así lo certifican empresas de distintos tamaños y procedencias.

El sector del transporte frigorífico considera que hay un desfase entre la forma de calcular los ingresos -tarifas- y la realidad de los costes que se pueden repercutir, ya que la situación actual exige mejorar los ingresos ante la imposibilidad de controlar los costes. Una situación en la que gran parte de culpa la tienen los cargadores, ya que controlan los precios a partir de las curvas de oferta y demanda sin tener en cuenta la realidad de los costes operacionales de las propias empresas de transporte y sus camiones.

La falta de conductores, la subida del precio de los camiones y la escasez de los mismos por la crisis de los microchips y la subida de los carburantes juegan en contra del sector, pero no más que la propia estacionalidad y la presión de los cargadores en un escenario en el que también hay serios quebraderos de cabeza con la transición ecológica y las ayudas frente a los gastos que pueden tener las empresas para adoptar un modelo más sostenible. Algo que intentaron las compañías que apostaron por el gas con dramáticos resultados.

La pandemia ha pasado factura a muchos trabajadores del sector, con muchos conductores de baja y esto ha puesto aún más de manifiesto otro de los graves problemas del sector, la falta de profesionales del transporte. Esta situación también ha provocado que muchos camiones se hayan quedado parados, generando mayores pérdidas a las empresas de transporte.

La realidad tarifaria del sector está impuesta por los cargadores, alimentados en cierta medida por la oferta reducida respecto a la creciente demanda, lo que coloca la viabilidad del sector en una situación compleja a corto y medio plazo. El transporte no se puede llevar a cabo a cualquier precio y, pese a las promesas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para evitar la huelga que el sector iba a llevar a cabo en Navidad, lo cierto es que las empresas siguen sin las herramientas necesarias para mejorar su situación.

Sin reglamento que estipule una cláusula del Diésel en los contratos de transporte con el que las empresas de transporte en general y de transporte frigorífico en particular tengan soporte para repercutir el sobrecoste del combustible a sus clientes, poco se puede hacer. Y en juego hay muchas cosas como que la producción hortofrutícola nacional siga teniendo el soporte de un transporte de calidad que permita dar salida a los excelentes productos españoles. Sin definir los costes reales a la hora de tarificar los servicios, el transporte frigorífico agoniza.