La Comunidad Foral de Navarra ha tomado en consideración la propuesta de ley para el establecimiento de una serie de peajes para vehículos pesados de transporte en algunas vías de la región. Una posición que rompe el acuerdo nacional del PSOE de no implantar ningún tipo de peaje a los transportistas profesionales sin el consenso previo del sector. Por esta razón, la Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera (ANET) y la Asociación de Transportistas de Navarra (Tradisna) han mostrado su oposición frontal a la postura del gobierno regional.

El anuncio de la Comunidad Foral de Navarra expresando su conformidad respecto a la puesta en valor de una proposición de ley foral para implantar peajes a camiones en la región ha sido el detonante de la reacción de las asociaciones de transportistas. Al final, se estima que el impacto económico de los peajes en el transporte y en Navarra es demasiado importante como para tomar cualquier decisión sin el consenso del sector. Por este motivo, ANET y Tradisna lamentan que no haya habido un diálogo fluido entre las partes.

Según ambas organizaciones, se está «proponiendo una ley foral a partir de un único estudio que, además de estar viciado, resulta discriminatorio para aprobar la implantación de peajes en las carreteras A-1, A-10, A-15, A-69 y N121-A. El estudio se ha realizado en fechas de verano muy poco representativas de la circulación habitual y sólo se tuvo en cuenta los vehículos cuyas matrículas se registraron en la entrada y salida de cada vía, por lo que no se recogió la circulación de los puntos intermedios, discriminando así el transporte local que pagará los peajes».

Alberto Latorre, coordinador de Tradisna, ha señalado: «No es el momento ni el lugar para poner trabas al transporte pesado tras un paro y con los costes disparados por el aumento del precio del combustible. El transporte no puede pagar la inacción durante 10 años de los gobiernos forales que no han invertido en las carreteras, ya que el último Plan Director de Carreteras (2010-2018) tiene una inejecución del 92%». Mientras tanto, el Gobierno busca recaudar en torno a 40 millones de euros anuales con estos peajes.