Pese a que el sector del transporte de mercancías por carretera se ha mostrado respetuoso con las acciones y demandas de los agricultores, lo cierto es que la situación empieza a ser del todo insostenible. Los descontrolados bloqueos en red viaria española están ocasionando el hartazgo de los transportistas, rehenes de un conflicto que nada tiene que ver con su actividad y que está provocando pérdidas millonarias a los transportistas autónomos y empresas que se dedican al transporte nacional e internacional.

Primero fueron las protestas en Francia. Hasta quince días consecutivos de bloqueos y cortes en las vías de alta capacidad del país vecino por las protestas de los agricultores, acciones que afectaron a los más de 20.000 camiones que cruzan diariamente la frontera con el país vecino para exportar los productos españoles al resto de Europa, entre ellos toneladas de productos hortofrutícolas. Una situación que motivó las lógicas quejas del sector agrario español por las pérdidas que también ellos sufrieron durante estas manifestaciones.

Ahora los que protestan son los propios agricultores españoles, pero el resultado sigue siendo el mismo, miles de camiones atrapados en los bloqueos de las principales autovías, autopistas y carreteras nacionales que vertebran la red viaria de nuestro país. Aunque es cierto que estas acciones no son imputables a las asociaciones agrarias que sí han dibujado un calendario de actos de protestas, esto no impide que el sector del transporte de mercancías por carretera vuelva a estar contra la espada y la pared.

Una situación insostenible que desde el sector transporte no aguantan más. FENADISMER ha lanzado un ultimátum al Ministerio del Interior y a la Generalitat de Cataluña para que de una vez garanticen el derecho fundamental a la libre circulación de mercancías para que el sector pueda desarrollar su actividad con normalidad. En caso contrario, FENADISMER planteará al resto de asociaciones de transportistas iniciar sus propios actos de protesta por la inacción de las autoridades españolas, además de exigir las correspondientes responsabilidades y compensaciones económicas por vía judicial por los perjuicios ocasionados.