El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció la puesta en marcha de un sistema de bonificaciones para camiones en los peajes de la AP-9 de un 20% sobre las tarifas existentes. Un modelo que se aplicará en los viajes de ida y vuelta, no tendrá requisito alguno de frecuencia o número mínimo de viajes y tendrá un modelo de funcionamiento similar al que se utiliza en términos generales con los vehículos ligeros. Con esta medida, el Gobierno espera que el sector transporte se ahorre al menos 6.000 millones de euros al año.

Sin embargo, las bonificaciones del 20% anunciadas en los peajes de la AP-9 para camiones no han convencido al transporte gallego, toda vez que no colman las expectativas del sector. De hecho, las empresas de transporte de la región se consideran discriminadas, ya que al final esta medida se ha tomado para ‘silenciar’ al sector mientras que la gran beneficiada por el nuevo sistema es la propia concesionaria de la AP-9. En este aspecto, cabe recordar que la compañía ha visto prorrogada su concesión hasta el año 2048.

Fegatramer como principal asociación representativa del transporte gallego ha dejado clara la postura del transporte gallego en relación a esta medida: «La empresa concesionaria ha visto prorrogada su concesión hasta 2048, además de ser autorizada a aumentar en los próximos años los peajes en cantidades sonrojantes, muy por encima de la subida del IPC. Durante estos años se ha incentivado el uso de la autopista y ahora, una vez más, sin poner un euro, vuelve a ver como se estimula el uso de esta vía«.

La patronal gallega califica el trato que se le da al transporte de la región como sangrante, por mucho que se haya anunciado una reducción del 20% en los precios de los peajes a camiones: «El transporte de mercancías por carretera de Galicia sigue recibiendo un trato sangrante e inadmisible. Aunque la mayoría de las empresas y transportistas están acostumbrados a este trato discriminatorio del transporte público frente al transporte privado, es insostenible. Ya sólo queda que se imponga una tasa por uso en las autovías y carreteras que, siguiendo con esta línea de actuación, se aplicará preferentemente al transporte público de mercancías».