El Gobierno dice estar muy interesado en solucionar la crisis del transporte, pero una vez que se llega al momento de la verdad, su inoperancia vuelve a ser clamorosa. El Ejecutivo sigue sin tener listo el test legal para transponer la Directiva de trabajadores desplazados de la Unión Europea, por lo que España carece de la base jurídica necesaria para actuar contra las llamadas empresas buzón y sus prácticas de competencia desleal. De esta forma, este tipo de empresas siguen campando a sus anchas sin que el transporte tenga armas legales para pelear contra ellas.

La falta de transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea que regula el desplazamiento de conductores extranjeros en otros países, en este caso España, constituye a juicio de FENADISMER «una prueba más del abandono y falta de preocupación que sufre el sector del transporte de mercancías por carretera por parte de las Administraciones Públicas. Sorprende que faltando apenas dos meses para que esta regulación debiera estar aprobada ni siquiera se haya elaborado el texto legal que permitiría su aplicación en nuestro país».

En este aspecto, FENADISMER estima que más del 25% del transporte internacional con origen o destino España es realizado por empresas de transporte domiciliadas en los países de Europa del Este, lo que se traduce en que operan con precios más bajos al tener unos costes laborales y fiscales hasta ocho veces inferiores a las empresas españolas. Situación de competencia desleal que debería ser controlada con esta normativa, ya que permite acotar la acción de las empresas de Europa del Este y de las compañías deslocalizadas artificialmente en estos países, pero que operan en la Unión Europea con un evidente fraude laboral y fiscal.

Según FENADISMER, las diferencias existentes entre la cúpula del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Trabajo han provocado que la Directiva no se haya transpuesto a la legalidad española. Como consecuencia, «las empresas buzón pueden seguir trabajando en nuestro país con total impunidad, ocasionando un gravísimo daño a las compañías de transporte de España. Por eso, exigimos al Gobierno que apruebe mediante Decreto Ley y a la mayor brevedad esta regulación, negociando con las asociaciones de transportistas su contenido a fin de minimizar el daño que esta lacra está ocasionando a las compañías españolas y las arcas públicas».