El Gobierno comenzará este viernes los trámites parlamentarios para establecer por ley una jornada laboral de 37,5 horas semanales. Así lo ha confirmado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras finalizar la última reunión del diálogo social sin acuerdo con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. «La patronal se queda sola», ha declarado. «Les será difícil explicar por qué no han participado en una medida que responde a la evolución de los tiempos».

Tras 11 meses de negociaciones con pocos avances, Pérez Rey ha señalado que el primer paso será abrir una consulta pública y, paralelamente, trabajar con los sindicatos UGT y CC.OO. para concretar los detalles de lo que considera «el proyecto de ley más importante de la legislatura». Además, ha informado que ya se han iniciado conversaciones con los grupos políticos: «Queremos llevar la propuesta al Congreso lo antes posible para cumplir nuestro compromiso con los ciudadanos».

Reducción directa en 2025, no gradual

Aunque aún no se conoce el texto final, el secretario de Estado ha explicado que la propuesta establece una reducción directa a 37,5 horas semanales en 2025, eliminando la fase gradual prevista en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, que contemplaba una primera etapa de 38,5 horas en 2024. «Hemos prescindido de esa gradualidad para favorecer el diálogo social», ha justificado Pérez Rey, quien ha destacado el esfuerzo del Ministerio durante casi un año de intensas negociaciones.

Sin embargo, la falta de acuerdo con las organizaciones empresariales no ha sido una sorpresa. Desde el inicio de la última reunión, estas ya habían expresado su rechazo a la reforma, argumentando que supone una «intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, protegida por el artículo 37.1 de la Constitución».

La patronal defiende que los acuerdos deben ser sectoriales o empresariales, mientras que el Ministerio de Trabajo considera imprescindible legislar a nivel general. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había anticipado esta postura el pasado domingo en una entrevista en El Correo, asegurando que la medida se implantará «antes de que termine el próximo año» para mejorar la productividad y la calidad de vida de los trabajadores.

Garantizar cumplimiento y desconexión digital

Además de reducir la jornada laboral, tanto el secretario de Estado como los sindicatos han subrayado la importancia de asegurar el cumplimiento de los horarios mediante un registro digital «eficaz» y fortalecer la normativa sobre desconexión digital.

Críticas de la patronal y respuesta del Gobierno

Pérez Rey ha calificado de «tomadura de pelo» la postura de la patronal, que no presentó propuestas ni contrapropuestas durante las negociaciones. Según él, el rechazo de los empresarios responde a motivos «ideológicos» y «partidistas», al no querer respaldar una política laboral del Gobierno.

«No es comprensible que, en plena era de algoritmos, inteligencia artificial y automatización, sea imposible reducir dos horas y media la jornada semanal», ha afirmado Pérez Rey. Ha insistido en que el objetivo es que la reducción beneficie a todos los trabajadores, incluyendo sectores como el comercio y la hostelería, y no solo a empleados de áreas tecnológicas, financieras o del sector público. Según él, «ya existe un consenso social y político, solo las fuerzas ultras están al margen».

Desde la CEOE, el vicepresidente Íñigo Fernández de Mesa ha negado estas acusaciones, afirmando en una entrevista en RNE que la reforma «no es buena para el país, ni para el empleo, ni para el bienestar social», calificándola de «absolutamente ineficiente».

UGT y CC.OO. avanzan propuestas sobre horas extras y control horario

Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT, ha expresado una «sensación agridulce» tras el fin de las negociaciones. Aunque se ha demostrado que la reducción de jornada es viable, lamenta haber perdido tiempo en la mesa de diálogo.

Luján ha pedido sanciones «proporcionadas» para las empresas que incumplan la normativa y ha reclamado que las horas extras se paguen con un incremento del 25% sobre el salario ordinario.

Por su parte, Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CC.OO., ha celebrado el cierre de esta etapa de negociaciones, aunque coincide en que se han desaprovechado oportunidades. Gutiérrez ha asegurado que existe un «horizonte compartido» con el Ministerio, aunque ha evitado hablar de un acuerdo inminente, ya que aún quedan puntos pendientes.

Ni el Gobierno ni los sindicatos han especificado fechas para los próximos encuentros, pero ambas partes han manifestado su intención de avanzar con rapidez.