La falta de apoyos en el Congreso al decreto ómnibus del Gobierno ha provocado que decaigan diversas medidas, incluida la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024. Para garantizar que no se reduzca la renta mínima, el Ministerio de Trabajo ha emitido una instrucción que establece que los contratos vigentes y los nuevos deberán contemplar un salario mínimo de 1.134 euros hasta que se acuerde la revalorización del SMI para 2025.

Con la derogación del decreto ómnibus, el SMI pierde su referencia legal, lo que afecta a los 2,5 millones de personas que actualmente lo perciben. Para evitar esta situación, la cartera dirigida por Yolanda Díaz ha publicado una instrucción que asegura que las nóminas se mantendrán en el nivel más reciente pactado, mientras se negocia el incremento de 2025.

La Dirección General de Trabajo ha emitido un criterio interpretativo sobre las consecuencias de esta derogación, basado en su función de interpretar y aplicar las disposiciones jurídicas de su competencia. Este criterio incluye dos directrices principales: primero, que los salarios vigentes no se verán afectados al estar ya contractualizados, y segundo, que las nuevas contrataciones no podrán referirse a un salario inferior al SMI fijado para 2024.

El Ministerio ha advertido que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social supervisará el cumplimiento de esta instrucción para garantizar que los trabajadores reciban la remuneración correspondiente.

La instrucción se sustenta en el mandato del Gobierno de fijar un SMI anual, en cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, los principios constitucionales, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Carta Social Europea. Además, subraya que el legislador no contempla la posibilidad de que el SMI quede sin efecto.

En la rueda de prensa posterior a una reunión con los agentes sociales, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, explicó que la Dirección General de Trabajo estaba «intentando paliar» las consecuencias de la falta de prórroga. Según indicó, el Ministerio busca evitar cualquier impacto negativo derivado de esta situación.

Trabajo pretende aprobar el nuevo incremento del SMI a la mayor brevedad. La próxima reunión con los agentes sociales tendrá lugar el miércoles, tras una primera propuesta de la CEOE que incluye un aumento del 3% y algunas condiciones que no convencieron al equipo del Ministerio.

Por su parte, CCOO y UGT se han comprometido a alcanzar un acuerdo con el Gobierno la próxima semana para minimizar los problemas que puedan surgir. Sin embargo, ambos sindicatos mantienen su propuesta de aumentar el SMI entre un 5% y un 6%, hasta los 1.200 euros en 14 pagas, una cifra superior al 4,4% planteado por Trabajo siguiendo la recomendación del Comité de Expertos.