LA UNIÓ detecta en un primer estudio hasta más de medio centenar de materias activas de productos no autorizados en su uso para los agricultores europeos y pide la suspensión de las importaciones de ese país y de cualquier otro que no cumpla con las exigencias en seguridad alimentaria.

LA UNIÓ propone la suspensión de la importación de cítricos de Sudáfrica hasta que se restrinja el uso de productos fitosanitarios en ese país que están prohibidos en su uso en la Unión Europea. Según un primer estudio realizado por LA UNIÓ, hasta más de medio centenar de materias activas de productos fitosanitarios prohibidas por encima de un LMR establecido en la Unión Europea y que se pueden utilizar en el cultivo de cítricos en Sudáfrica.

Entre ellos se encuentra el paraquat, un herbicida que con las dosis adecuadas afecta al tracto gastrointestinal, riñón, hígado, corazón y otros órganos. También se encuentra el metil azinfos que está prohibido por la Agencia de Protección Ambiental desde 2004 y por la Unión Europea desde 2006. Este insecticida es altamente tóxico para los anfibios, peces, mamíferos, crustáceos y moluscos.

LA UNIÓ va a seguir realizando estudios de todos aquellos acuerdos comerciales que suscriba la UE con países terceros para vigilar que no contengan productos fitosanitarios prohibidos en el ámbito comunitario ya que ponen en riesgo la seguridad alimentaria.

Por una parte, la utilización de estas materias activas; aparte de suponer un posible riesgo para los consumidores, supone un alto riesgo para las personas encargadas de su aplicación y del medio ambiente global. Por otra parte, también permite a los agricultores sudafricanos producir cítricos con menores costes de cultivo que a los agricultores europeos. A juicio de esta Organización Profesional Agraria la situación supone “un claro agravio comparativo y discriminación para los agricultores valencianos y un perjuicio para los consumidores”.

LA UNIÓ ha presentado ese estudio a la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU). Su presidente Fernando Moner, señala que “los resultados del estudio nos pusieron en alerta y, obviamente, han generado muchísima preocupación. Primero por la propia seguridad alimentaria, es decir, la salud pública, que nos genera interrogantes en cuanto a la repercusión que esto puede tener en el consumidor. Hay que tener en cuenta que son productos alimenticios que ingerimos diariamente y que llevan una serie de componentes que si en Europa y en España están prohibidos será por algo.

Con lo cual no entendemos cómo es posible que se permita la entrada a productos que han sido tratados con esos componentes y que llevan parte de esos residuos en los mismos. En segundo lugar, nos parece, además, que estamos haciendo un flaco favor al consumidor de dentro de diez o veinte años, porque al final todo esto también genera una competencia desleal de agricultores de otros países de fuera de Europa que, obviamente, le echan de todo a estos productos. Y eso genera que tengan muchos menos costes para evitar esta necesidad de tener que utilizarlos.