Julio Villaescusa, presidente de FENADISMER, ha publicado una Carta Abierta en la que pide al Gobierno que se ponga en marcha la Ley de Cadena del Transporte, ya que su aprobación es más urgente y necesaria que nunca. Aunque existe un compromiso para que el anteproyecto de Ley esté antes del 31 de julio, el sector pide que este plazo se reduzca y la normativa vea la luz a partir de un Real Decreto Ley para una tramitación más rápida. Las condiciones actuales del sector están elevando los costes sin que las empresas puedan asumirlos.

En esta carta, Julio Villaescusa explica: «Lo acontecido en el sector y en España en las últimas semanas de marzo es la consecuencia de una inadecuada política en materia de transporte que se ha llevado a cabo por parte de los sucesivos responsables del Ministerio de Transportes durante las dos últimas décadas. Ni al Ministerio de Economía, ni a los cargadores, ni a los grandes empresarios del transporte les ha interesado evolucionar en un mercado que se ha ido distorsionando hasta límites insoportables por el constante abuso y sometimiento.

Las normas que rigen la libre competencia en el mercado han sido incumplidas de una manera sistemática por la protección que se ha otorgado a los grandes empresarios para que puedan lograr la supervivencia y rentabilidad a base de derivar su insuficiencia al inferior o bien con ‘dumping’ social y fiscal deslocalizando sus compañías en terceros países. Aunque esta situación se ha podido ir corrigiendo con la tramitación del Paquete de Movilidad y el acuerdo de medidas para la sostenibilidad del sector, al final ha sido insuficiente.

La ineficiente falta de respuesta del Gobierno ante la guerra de Ucrania ha motivado que se hayan dado las circunstancias necesarias para que el paro de transporte, aunque convocado por otros motivos artificialmente, tuviera un importante seguimiento ante la imposibilidad de repercutir el incremento de los costes que soportan los transportistas a sus clientes. Hasta hace no mucho se rechazaba el establecimiento de una regulación de coste mínimo, algo que ahora se toma como medida fundamental para la ordenación del sector.

La distorsión del mercado a la baja, con precios abusivos y ruinosos para los transportistas no es culpa de ellos, ya que es la atomización del sector la que ha permitido al transporte español destacar. Por eso, se valora el compromiso del actual Gobierno de abordar la tramitación de una ley similar a la de la Cadena Alimentaria que prohíba la venta en pérdidas y regule la cadena de subcontratación. Eso sí, resulta fundamental e imprescindible aprobar cuanto antes la Ley de la Cadena de Transporte que establezca la prohibición bajo un régimen sancionador de la venta a pérdidas en cualquier servicio de transporte.

Un régimen sancionador que no se pudo conseguir con ocasión de la aplicación de la cláusula de revisión del incremento del coste del combustible en las tarifas del transporte. Situación que exige que esta medida estructura se consiga por el trámite por vía de urgencia mediante Real Decreto Ley de la misma. El recorrido de un proyecto de ley puede alargarse en el tiempo hasta su aprobación final, incluso años, quedando expuesto a revueltas más o menos oportunistas mientras el sector estaría contra las cuerdas«.