El transporte de mercancías por carretera vive un momento crítico por culpa de la pandemia de COVID-19. Si la morosidad ha sido uno de los males endémicos del sector durante años, la situación ha empeorado con la llegada de la crisis económica asociada al coronavirus. En este aspecto, las perspectivas de futuro a corto plazo para el sector no son muy halagüeñas, por lo que no son pocas las voces que reclaman la aprobación con carácter de urgencia de un régimen sancionador contra la morosidad.

No obstante, desde que comenzó la pandemia de COVID-19 los plazos de pago en el sector del transporte de mercancías por carretera han crecido de forma preocupante. De los 78 días de media que se registraron en los pagos en el mes de febrero se ha pasado a los 82 días de media en agosto, cifra que supera ampliamente los límites que marca la Ley de la Morosidad. De hecho, durante el octavo mes del ejercicio 2020 un 65% de los pagos que se han realizado a autónomos o empresas de transporte han incumplido la Ley de Morosidad.

Con estos datos encima de la mesa, la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) ha pedido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que aprueba por vía urgente el tan necesitado régimen sancionador para la morosidad. El objetivo es proteger a los profesionales autónomos y empresas de transporte que ven como las compañías y particulares para los que trabajan pagan por encima de los plazos legales, lo que desemboca en una falta de liquidez que ahoga al sector.

Desde Froet recuerdan que uno de los compromisos de José Luis Ábalos como ministro de Transportes para la desconvocatoria del paro patronal programado para julio fue aprobar un régimen sancionador para la morosidad en el sector transporte. Sin embargo, los meses han pasado y a mediados de octubre los plazos de pago no dejan de crecer, superando de en 2 de cada 3 servicios los 60 días de pago, sin que el Ejecutivo haya movido un dedo para que se produzca el tan esperado cambio en este aspecto.