La borrasca Filomena ha provocado una situación de crisis para el sector del transporte de mercancías por carretera, ya que miles de camiones han tenido que ser embolsados por la acumulación de nieve y hielo en la Red de Carreteras del Estado, especialmente en la zona centro del país. Sin embargo, la actuación de la Dirección General de Tráfico (DGT) con los embolsamientos de hasta 11.000 camiones ha contrastado con los movimientos erráticos del Servicio Catalán de Tráfico durante los últimos días.

Mientras que la DGT procedió a realizar los habituales embolsamientos de camiones una vez que la acumulación de la nieve impedía una normal circulación, el Servicio Catalán de Tráfico prohibió directamente la circulación de vehículos pesados en la AP-7 desde el viernes a las 19:00 horas, pese a que en ese momento no existía ninguna incidencia meteorológica que pudiera afectar a la autovía. De hecho, el sábado levantó esta prohibición, la volvió a activar y finalmente el domingo la dejó sin efecto. En todo este tiempo, la AP-7 no presentó problemas de circulación por la nieve o el hielo.

Los cambios de criterio sin justificación, tanto en un sentido como en el otro, provocaron que centenares de camiones se saltasen la restricción al tráfico de vehículos pesados impuesta en la AP-7 ante el desconocimiento de la misma por el buen estado de la autopista. Este hecho ha provocado que multitud de camiones hayan recibido multas de 500 euros, sanciones que en el sector transporte han sido recibidas con enorme malestar. De hecho, el sector considera que ha sido una medida arbitraria y con un afán recaudatorio.

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) ha sido la encarga de elevar la voz contra la descoordinación entre las medidas tomadas por la DGT y el Servicio Catalán de Tráfico. Desde la asociación se señala que además de tener consecuencias catastróficas para el tráfico de exportaciones de frutas y hortalizas con destino a los mercados europeos, la medida de restringir el tráfico en la AP-7 ha tenido un claro afán recaudatorio sin que tuviera ningún sustento lógico para su puesta en marcha.