La reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes 7 de julio ha servido para dar forma a una serie de medidas enfocadas a la recuperación del transporte. Pese a que el Ejecutivo ha aprobado distintas iniciativas de índole económico y administrativo solicitadas por el sector, el resto de reivindicaciones de las organizaciones de transportistas no han sido atendidas. Un movimiento tibio que no evitaría el parón patronal programado para el 27 y 28 de julio, salvo que el Gobierno negocie con los representantes del sector estos aspectos en próximas fechas.

Entre las medidas aprobadas, el Gobierno ha establecido una moratoria de pago para las cuotas mensuales de financiación de los vehículos de transporte. De esta forma, se aplica a leasing y renting un modelo análogo al usado para los créditos hipotecarios de personas en riesgo de vulnerabilidad. Aunque esta medida fue aprobada en mayo, los requisitos para acogerse a la misma se han suavizado, ya que el primer texto excluía de esta moratoria en leasing y renting a las empresas societarias y a gran parte de los autónomos por los requisitos exigidos de impropia aplicación en el sector del transporte de mercancías por carretera.

De esta forma, las empresas de transporte y profesionales autónomos que deseen acogerse a la moratoria de pago en la financiación de sus vehículos de transporte podrán hacerlo, siempre y cuando acrediten una caída del 40% en su facturación. A su vez, para facilitar el desarrollo de la actividad, el Ejecutivo ha ampliado el visado de las autorizaciones de transporte por un año, hasta 2021. De esta forma, los titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías y operadores de transporte visarán en los años impares, por lo que las empresas que hayan visado este año no lo volverían a hacer hasta 2023.

De igual forma, el Gobierno ha aprobado una medida transitoria para solucionar el colapso de las estaciones de ITV tras el Estado de Alarma. Para resolver el caos en los plazos de la Inspección Técnica de Vehículos y las situaciones absurdas generadas por la disposición anterior, el Ejecutivo ha accedido a prorrogar 3 meses la validez de las ITV que caduquen entre el 21 de junio y 31 de agosto, para así evitar que miles de vehículos particulares y de transporte se vieran paralizados ante la imposibilidad de conseguir cita para pasar la ITV en su fecha de caducidad.

A la espera del Real Decreto Ley en el que se recogerán dichas medidas y que se publicará en el BOE este miércoles 8 de julio, el sector transporte ha acogido la actuación del Gobierno con cierto escepticismo. Si bien aún no se conocen los detalles concretos de las medidas aprobadas por el Ejecutivo y hay que esperar un estudio más exhaustivo de las mismas, en primer término queda patente que el Gobierno no ha atendido a algunas de las reclamaciones principales del sector, como la no aprobación de los camiones de 44 toneladas y 4,5 metros de altura, por lo que parece muy improbable que se evite el paro patronal programado para los días 27 y 28 dej julio.