El transporte de mercancías por carretera entre Reino Unido y la Unión Europea ha vivido un final de 2020 de alta tensión. Los simulacros en las fronteras ante lo que parecía un Brexit sin acuerdo y la crisis derivada de la nueva cepa de COVID-19 aparecida en Reino Unido lanzaron por los aires el flujo comercial entre ambos mercados. Ni siquiera el acuerdo de última hora para mantener las condiciones comerciales que alcanzaron Reino Unido y la Unión Europea en el día de Nochebuena aliviaron esta difícil situación.

Sin embargo, el paso de los primeros días de 2021, con este escenario de plena continuidad a nivel comercial tras el acuerdo del Brexit, ha servido para aliviar la presión sobre el transporte de mercancías por carretera entre Reino Unido y la Unión Europea. Superada al completo la crisis fronteriza por el COVID-19, el descenso de los flujos de transporte por Año Nuevo ha permitido encontrar un punto de cierta estabilidad en las fronteras a la espera del aumento progresivo del tráfico que se dará en el Canal de La Mancha en próximas semanas.

En este escenario de cierta tranquilidad no sólo ha colaborado el regreso a la normalidad en las fronteras, sino el acuerdo firmado entre Reino Unido y la Unión Europea para garantizar que los 230 millones de toneladas de mercancías que cada año se transportan entre ambas partes sigan fluyendo con garantías. Un acuerdo que además da cierto margen a transportistas y empresas al poder realizar dos operaciones de cabotaje en el territorio de la otra parte, lo que limita el riesgo de tener que hacer retornos en vacío.

Pese a todo, la situación no está plenamente estabilizada y en las próximas semanas es muy probable que surjan nuevos problemas en las rutas de transporte de mercancías por carretera entre Reino Unido y la Unión Europea. Al final, las autoridades británicas han anunciado una especie de período de tolerancia para las mercancías que lleguen desde la Unión Europea, mientras que en los países del continente ya están en vigor los requerimientos aduaneros que colocan a Gran Bretaña como un tercer país, lo que crea una discrepancia que habrá que ajustar.