La decisión de Reino Unido de quintuplicar las multas del Plan de Sanciones Civiles para luchar contra la inmigración ilegal supone un duro revés para el sector del transporte de mercancías por carretera, ya que cualquier partícipe de transporte clandestino de personas, por mucho que no sea voluntario, se expone a estas duras sanciones. Los conductores profesionales tendrán que asumir nuevas responsabilidades, lo que dibuja un escenario aún más complicado del que ya de por sí existe en la cadena de suministro entre la Unión Europea y Reino Unido.

Ante el cada vez mayor número de personas que intentan entrar de forma clandestina e ilegal en Reino Unido, escondiéndose en muchos casos a bordo de camiones que transportan todo tipo de mercancías desde el continente, el Gobierno británico ha optado por esta opción, ya que los controles exhaustivos y las medidas de seguridad tomadas a nivel gubernamental no funcionan. Y eso significa, entre otras cosas, que la patata caliente se traslada tanto a los conductores profesionales, como a las empresas de transporte y operadores logísticos.

Los propietarios de los camiones se exponen así a duras multas por transportar inmigrantes ilegales, aunque sea de forma involuntaria, así como a otras penas adicionales por asegurar el vehículo de forma inadecuada o cuando se produce algún tipo de incidente, siendo todas ellas sanciones más altas. Desde IRU se señala que estos cambios son erróneos y no enfocan a las causas reales de la inmigración ilegal. Las duras multas y la supresión de la presunción de inocencia para transportistas y empresas van a disuadir a muchas compañías de hacer rutas hasta Reino Unido.

Desde IRU se señala que esta medida no ofrece una solución real contra la inmigración ilegal y eso va a provocar que muchas empresas abandonen las rutas con Reino Unido, reduciéndose así la competencia y aumentando los precios del transporte, pero también los riesgos, retrasos y la inestabilidad para las empresas que continúen realizando esta ruta y que en muchos casos han invertido en medidas de seguridad adecuadas para sus conductores, vehículos y operaciones sin recibir ningún tipo de aliento institucional.