El pasado 21 de junio se puso fin al Estado de Alarma, cerrando la que se podría ser la fase más crítica de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la dantesca crisis económica que acompaña al coronavirus no ha hecho más que empezar como demuestra la caída del PIB en más de un 20% registrada estas últimas semanas, en la que ya se considera la mayor contracción de su historia en España. Y como es lógico, el sector del transporte de mercancías por carretera no es ajeno a esta situación.

La herida en forma de crisis económica provocada por el COVID-19 es profunda. No obstante, esta caída superior al 20% del PIB refleja pérdidas de hasta 80.000 millones de euros en la economía española. Solo la composición del tejido productivo, siempre vinculado al sector del transporte, podría determinar una salida de la crisis firme, situación que por otra parte está casi descartada por los meses en los que España ha estado detenida. De hecho, durante el primer Estado de Alarma, España tuvo una pérdida del 34% del PIB, uno de cada tres euros producidos.

Con caídas del PIB superiores al 30% hasta el inicio de la desescalada en mayo, las expectativas no son positivas. De hecho, sólo se han recuperado 97.000 de los 791.000 empleos destruidos entre marzo y abril, mientras que reincorporación laboral de los trabajadores sujetos a un ERTE es de apenas el 6%. Si bien la caída del PIB se redujo en mayo al 25%, en junio la cifra no debería ser muy diferente a tenor de que las empresas están muy lejos de volver a la ‘nueva’ normalidad, algo aplicable también a los profesionales autónomos y compañías de transporte.

Si bien no hay datos cerrados, el segundo trimestre del año se cerrará con caídas del PIB que se situarían en torno al 21% nominal respecto al mismo periodo de 2019. Sin embargo, tan importante son estos datos y la pérdida de 75.000 millones de euros como el parón en seco que ha sufrido el ritmo de crecimiento que tenía el país antes del estallido de la crisis, previsto en un 3,5%. Toda es inercia perdida puede elevar la cifra final de la ‘factura’ del coronavirus hasta los 88.000 millones de euros (caída del 23%), a lo que hay que sumar el riesgo evidente de destrucción del tejido productivo, de la cadena de suministro y del empleo.