El proceso judicial contra la empresa belga Verjans Transport ha sacudido de manera violenta al sector del transporte de mercancías del país. Abierto desde 2014 a partir de la investigación propiciada por el caso de un transportista fue obligado a trabajar durante diez días con una fractura en uno de sus pies, el juicio contra la compañía ha destapado las prácticas que ha llevado a cabo la empresa durante años y que ejemplifican algunos de los grandes males que azotan a la actividad del transporte en toda Europa.

A partir de esta situación y de los indicios recogidos, los dueños de Verjans Transport han sido condenados por un delito de pertenencia a organización criminal y de fraude fiscal causado contra un total de 183 chóferes. No obstante, todos los conductores prestaban sus servicios a la compañía registrados en una empresa ficticia situada en Eslovenia, práctica promovida por la compañía para evitar el pago de impuestos y las cotizaciones de estos conductores a la administración de Bélgica, incurriendo en delitos de fraude contra la administración y falsificación de contratos laborales.

La no declaración de los trabajadores en el sistema de Seguridad Social del país (ONSS), junto a las prácticas anteriormente referidas, ha sido clave para que se haya aceptado la acusación de pertenencia a una organización criminal propuesta por el fiscal para los gestores de Verjans Transport. Con todo, la condena final no se ha ajustado exactamente a la propuesta del Fiscal del Tribunal Penal de Lieja, toda vez que este había solicitado condenas de hasta 12 años de cárcel y cerca de 2 millones de euros en multas.

De hecho, la condena del Tribunal Penal de Lieja ha reducido los años de cárcel para los cuatro implicados, aumentando eso sí la cuantía de las multas impuestas. De esta forma, Guillaume Verjans como fundador de la empresa, su ex mujer y sus hijos Guy y Monique Verjans se enfrentan a penas de cárcel que van entre los 5 y 10 meses de cárcel -por lo que podrán eludir su entrada en prisión- y a una multa conjunta a pagar al estado belga que supera los 4,6 millones de euros.