La pandemia de COVID-19 no sólo ha puesto de relieve la importancia del sector transporte en la economía global, sino también las injusticias a las que está sometida de forma recurrente la propia actividad. Sin ir más lejos, suele ser foco de disputa habitual la gestión de los peajes y la utilización de los mismos para el mantenimiento de las vías de alta capacidad y otro tipo de infraestructuras. Grandes inversiones que en tiempo de crisis necesitan chivos expiatorios que sufraguen este gasto.

La difícil situación generada por la crisis del COVID-19 y el criterio errático del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hacen que los expertos del sector afronten con miedo esta nueva etapa, ya que las presiones para implantar peajes o algún tipo de canon por el uso de las autovías para sufragar las mismas son una constante. Por eso, las declaraciones de Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, poco más que han caído en saco roto y la cuestión sigue siendo un tema candente que preocupa al sector transporte en gran medida.

Las pretensiones de lobbies y grandes empresas para apretar aún más al sector transporte y cargar el mantenimiento de las vías de alta capacidad al mismo a base de peajes ejemplifican la cruda realidad para una actividad que ha sido considerada esencial, pero que parece que sólo ocupa este papel cuando se habla de pagar. La postura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no ayuda, ya que el plan de rescate de la industria automovilística genera más dudas que certezas. Y eso no es lo único, ya que la cancelación de concesiones no ofrece garantías en torno a un organismo que controla el transporte, pero también las infraestructuras.

Sin embargo, los problemas en torno a la figura de los peajes no son exclusivos de España y los Gobiernos de la Unión Europea han decidido retrasar la implantación del nuevo sistema de peajes que promueve el uso de camiones más ecológicos y eficientes o cero emisiones. Sin un acuerdo para cobrar peajes a camiones en función de las emisiones de CO2, ninguno de los Estados miembros puede adoptar este tipo de medidas para alentar al uso de vehículos de transporte pesados más limpios. En definitiva, el Pacto Verde vive en un permanente retraso aun cuando la exención de peajes a camiones cero emisiones hasta 2026 parece una solución muy acertada.