El 7 de julio estaba marcado en rojo en el calendario del sector transporte. La reunión del Consejo de Ministros programada para esta fecha debía responder a las numerosas demandas realizadas por el sector del transporte de mercancías por carretera ante la grave crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el paquete de medidas aprobado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido del todo insuficiente, eludiendo algunas de las cuestiones fundamentales para los transportistas.

Pese a que el Gobierno ha diseñado un plan de actuación centrado en proteger al trabajador, dotar de liquidez al sector y reducir las cargas administrativas, la realidad es que este paquete de medidas se antoja como una respuesta a medias. La moratoria de pago de leasing y renting, la nueva prórroga en las ITV y del visado de autorizaciones de transporte o la moratoria hipotecaria para inmuebles de las empresas castigadas por la crisis se ha recibido en el sector como algo positivo, pero que en el fondo sólo rasca la superficie de algunos de los problemas reales del transporte.

De hecho, el Consejo de Ministros no ha abordado en ningún momento la ley que pretende regular el uso de los camiones de 44 toneladas y 4,5 metros de altura en nuestro país y que fue llevada a trámite dentro del plan de impulso al sector del automóvil. Siendo la paralización de esta ley uno de los requisitos del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) para anular el parón patronal programado para el 27 y 28 de julio, el acuerdo se antoja difícil.

Ante la ineficacia mostrada por el Gobierno y las respuestas insuficientes del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el sector del transporte de mercancías por carretera mantiene la convocatoria de huelga programada para el 27 y 28 de julio hasta nuevo aviso. Las negociaciones que se puedan dar en los próximos días serán clave para determinar si el parón patronal sigue su curso o si se llega a un acuerdo que responda a las reivindicaciones del sector y, por ende, se acaba con la intención de aprobar el uso de los camiones de 44 toneladas y 4,5 metros de altura.