Desde hace meses, la Unión Europea está tramitando un nuevo Reglamento sobre Morosidad. Parecía que esta nueva normativa iba a reducir el plazo máximo de pago y fijarlo en 30 días sin excepción, pero la realidad es que el texto ha ido ‘girando’ con su llegada al Parlamento. Si la propuesta de la Comisión Europea era positiva, las enmiendas que quieren introducir algunos grupos políticos presentes en el Parlamento Europeo destrozan el propósito de la norma y ponen en duda no sólo la utilidad de la nueva ley, sino el régimen sancionado en el transporte que por ejemplo existe en España.

La tramitación que se está dibujando en el Parlamento Europeo de la propuesta de modificación del Reglamento Comunitario sobre Morosidad tiene al transporte profesional con las alarmas encendidas. La actuación de varios grupos parlamentarios, entre ellos el Partido Popular, los Conservadores y Reformistas Europeos, pone en duda la viabilidad y eficacia del texto ya que las enmiendas propuestas dejan libertad a que las partes puedan pactar los plazos de pago.

Permitir que las partes puedan pactar el plazo de pago en defensa de una supuesta libertad empresarial supone colocar a los transportistas autónomos, pequeñas empresas y en general a los proveedores de servicios de transporte en una posición de debilidad frente a los clientes y cargadores. De facto, el régimen sancionador contra la morosidad en el transporte español que tan buen resultado está ofreciendo al reducir los plazos de pago quedaría anulado al tener el nuevo reglamento europeo mayor rango que la utilizada a nivel nacional en España.

Las principales asociaciones de transporte tienen claro que una norma así sólo perjudica a la parte más débil del acuerdo, lo que se traduce en que los pequeños transportistas tendrán casi que financiar a las grandes empresas. Si se instaura la libertad de pacto aumentarán los plazos de pago al haber muchísimos interesados en pagar más tarde, porque hacerlo conlleva un enorme beneficio financiero, especialmente en periodos inflacionistas y de altos tipos de interés. Sin duda, estas enmiendas de última hora pueden arruinar los logros alcanzados hasta ahora en materia de morosidad.