El Paquete de Movilidad es una de las medidas estrellas de la Unión Europea para mejorar la actividad económica en el continente. Un conjunto de normas que pretende asentar las bases de un nuevo transporte de mercancías por carretera al regular la competencia y mejorar las condiciones laborales de los conductores profesionales. Aunque existe una gran oposición a este conjunto normativo desde Europa del Este, el trato que está recibiendo el Paquete de Movilidad en el conjunto de la Unión Europea no está siendo mucho mejor.

De hecho, sólo cinco de los veintisiete Estados miembro que forman la Unión Europea en la actualidad han transpuesto la normativa del Paquete de Movilidad a su ordenamiento jurídico nacional. Por el contrario, veintidós países todavía no han realizado este trámite, lo que en última instancia permite a la Comisión Europea presentar una demanda contra los mismos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En el listado de países que no han llevado a cabo esta transposición está España.

Se considera completamente inaceptable para los transportista y conductores profesionales que todavía no haya un control generalizado sobre cómo se aplicarán las normas del Paquete de Movilidad en cada país. Se está gastando energía, recursos y tiempo sin que haya respuesta real por parte de los Estados miembro. La industria del transporte mientras tanto se desangra por lo que se considera positivo que la Comisión Europea abra casos contra los países que no han cumplido su parte al llevar la normativa a su ordenamiento jurídico.

Por el momento la Comisión Europea sólo ha abierto casos contra estos países, pero puede llegar a presentar una demanda ante el TJUE. Los países que no han transpuesto la normativa del Paquete de Movilidad a su ordenamiento jurídico son Bélgica, Bulgaria, Chipre, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, República Checa, Alemania, Hungría y Austria.