Polonia es el auténtico líder del transporte de mercancías por carretera en la Unión Europea en la actualidad. Con todo, esta supremacía se ha construido sobre una normativa nacional laxa que de alguna forma ha fomentado las ‘Empresas Buzón’, el ‘dumping’ social y en general las malas prácticas dentro de la actividad. Sin embargo, el Paquete de Movilidad hará que Polonia pierda esta posición, ya que el país se dejará por el camino más de 37.000 empresas y 200.000 conductores profesionales al no cumplir con los requisitos del nuevo reglamento.

No es de extrañar que Polonia haya sido uno de los países que ha promovido la apelación presentada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el Paquete de Movilidad. No obstante, el nuevo reglamento que regula el transporte en Europa pone límite a las prácticas de Polonia y otros países del Este dentro del sector. De hecho, Polonia podría perder hasta 2 mil millones de euros de volumen de negocio al año, si bien las consecuencias pueden ser todavía más severas en Bulgaria o Lituania.

Las prácticas de cabotaje y comercio cruzado de las empresas polacas han sido cada vez más agresivas, sin respectar entre otras cosas los salarios mínimos o las condiciones de trabajo que merece cualquier profesional. De hecho, Polonia se ha convertido en una potencia dentro del transporte, como también Eslovaquia, Rumania, Bulgaria o Lituania. Una circunstancia que ahora se puede apagar ya que el Paquete de Movilidad obliga al retorno de conductores y vehículos, al pago de un salario mínimo acorde al país donde operan los chóferes y otras medidas que limitan las malas artes de los países del Este.

De hecho, la Directiva sobre trabajadores desplazados que entrará en vigor en 2022 supone un dolor de cabeza para Polonia y el resto de los países de Europa del Este. Y no sólo por el propio retorno, sino porque introduce el principio de igual remuneración por el mismo trabajo en el mismo lugar. Esto significa que los salarios de los conductores polacos deberían crecer entre un 30 y 40%. Muchas empresas polacas no podrán hacer frente a esta obligación y miles de conductores perderán su trabajo -hasta 60.000 chóferes-, otros muchos buscarán trabajo en otros países y hasta 37.000 empresas cerrarán sus puertas.