La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte ha convocado un nuevo paro indefinido que arrancará en la madrugada del 13 al 14 de noviembre. Tras una votación realizada por sus integrantes, la organización ha decidido volver a las protestas al entender que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no está cumpliendo con los compromisos adquiridos con el sector. Desde la Plataforma se señala que la nueva Ley de la Cadena de Transportes que impide la realización de servicios por debajo de costes no se está cumpliendo.

Aunque la nueva Ley de la Cadena de Transporte impide que los conductores lleven a cabo las tareas de carga y descarga e incita a reducir los tiempos de espera en las plataformas en las que se realizan estas tareas, desde la Plataforma se denuncia que la normativa no está consiguiendo que se siga trabajando a pérdidas. La ministra Raquel Sánchez pide que se denuncien este tipo de situaciones, pero desde la organización denuncian que los servicios de inspección no llegan a todos los casos.

La ministra de Transportes ha explicado que se está elaborando un nuevo plan de inspección que se presentará en las próximas semanas, por lo que pide responsabilidad al sector a la hora de convocar esta huelga. Con todo, el paro indefinido que arrancará el próximo lunes 14 de noviembre es una realidad y los cargadores y las organizaciones de gran consumo reclaman cierta seguridad y garantías de abastecimiento. AECOC y UNO, asociaciones que agrupan a los grandes cargadores y operadores logísticos ya se han posicionado en contra de este paro indefinido.

Desde lo grandes cargadores y operadores logísticos se explica que la cadena de suministro de alimentos, productos de primera necesidad y materias primas ya está muy tensionada por el complejo escenario actual, por lo que un paro indefinido puede causar graves daños a la economía española en general y a las pequeñas y medianas empresas de distintos sectores en particular. Los cálculos señalan que en la huelga de marzo se produjeron 600 millones en pérdidas cada semana y un sobrecoste de 130 millones de euros diarios para las empresas de distribución.