La crisis derivada de la pandemia de COVID-19 ha generado gran incertidumbre en el sector del transporte de mercancías por carretera, sensación que se ha acrecentado con los movimientos erráticos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Gobierno. Tras garantizar la extensión en la validez de los permisos de circulación caducados durante el Estado de Alarma, la DGT envió una directriz a las Jefaturas Provinciales definiendo esta prórroga de 60 días sólo hasta el 31 de mayo, dejando en una situación de indefensión a miles de conductores.

Finalmente, la DGT ha dado un paso atrás en su propósito y garantiza la prórroga en la validez de cualquier carnet que caduque durante el Estado de Alarma hasta 60 días después de su finalización. Esto significa que los conductores que tengan un carnet que caduque entre el 1 de junio y el 21 de junio también están incluidos en esta exención y, por ende, tendrán hasta el 21 de agosto de plazo para su renovación. Dada la excepcionalidad de la situación, la DGT se compromete a no formalizar denuncias contra estos conductores.

Pese a que la DGT y el Gobierno de España tenían la posibilidad de aplicar el Reglamento de la Unión Europea sobre prórrogas de todas las certificaciones caducadas, definiendo un marco legal equivalente al del resto de Estados miembros, el Ejecutivo central ha apostado por una normativa única que hasta la fecha ha generado más dudas que certezas. De hecho, la DGT ha dado una serie de bandazos que demuestran una notable falta de criterio y que han generado distintas situaciones de indefensión jurídica para los conductores y transportistas.

No obstante, la DGT decidió en primer término extender en 60 días después de la finalización del Estado de Alarma la validez de cualquier carnet que caducase durante este periodo. Pese a estar así definido, a finales de mayo la DGT emitió una directriz en la que sólo incluía en la prórroga los permisos caducados hasta el 31 de mayo. Esta nueva medida dejaba sin cobertura a los conductores que tuvieran un carnet caducado entre el 1 y 21 de junio al entender que las administraciones funcionan con normalidad desde principios de mes. Finalmente, se ha vuelto a la situación inicial ante la presión de los usuarios.