El sector del transporte de mercancías por carretera de Navarra ha recibido un auténtico jarro de agua fría con el inicio de la tramitación de la proposición de ley reguladora de los peajes para camiones por el uso de las carreteras de la región. El texto, por tramitación urgente, ha sido impulsado este pasado 5 de mayo por el Partido Socialista, Podemos, EH Bildu y Ezquerra. El objetivo es activar antes de diciembre de 2023 un sistema de peajes para camiones de más de 3,5 toneladas en varias carreteras de Navarra.

En concreto, el texto de la Propuesta de Ley fija un peaje para los vehículos de transporte de más de 3,5 toneladas de Masa Máxima Autorizada (MMA) que circulen por las autovías A-1, A-10, A-15 y A-68, así como por la carretera nacional N-121. Para su gestión se prevé la creación de una empresa pública encargada de la implantación y gestión del sistema de control y cobro en estas vías. En teoría, la recaudación irá a parar a la conservación y explotación viaria, pero también a otras políticas menos vinculadas al sector transporte.

Desde FENADISMER señalan la «nula sensibilidad mostrada por el Gobierno de Navarra al fijar nuevos gravámenes a los transportistas en un momento complejo a nivel económico para todo el sector. En su propósito de recaudar, el Gobierno de Navarra muestra una falta absoluta de respeto al acuerdo entre las asociaciones nacionales y el Gobierno de no imponer peajes sin previo aviso y consenso del sector, lo que es un enorme despropósito».

Ante esta situación, FENADISMER advierte que la falta de consenso con el sector obligará a las asociaciones de transporte a impugnar la norma judicialmente como ya ocurrió con los peajes a camiones que se aprobaron de forma unilateral por la Diputación de Guipúzcoa. Entre otras cosas porque el sector transporte ya contribuye con 275 millones de euros al año a las arcas del Gobierno Foral de Navarra, un 7% del total de la recaudación tributaria que logra en cada ejercicio el fisco navarro.