Acciona Mantenimiento, Aceinsa, Alvac, API (ACS), Audeca (Elecnor), COPASA, Elsamex, Elsan (Obrascón Huarte Laín), Ferroser (Ferrovial), Innovia (Copcisa), Sacyr Conservación y Matinsa (Fomento de Construcciones y Contratas) han recibido una multa de 61,28 millones de euros por una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento en el periodo comprendido entre 2014 y 2018. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sido el organismo encargado de imponer esta sanción.

Las empresas citadas habían desarrollado un sistema de colaboración, en forma de cártel, para pactar a través de reuniones periódicas los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento. De esta forma, las compañías que han participado de esta práctica casi pactaban los precios a fijar para repartirse el ‘pastel’ de las distintas concesiones y licitaciones para llevar a cabo los servicios de conservación de la Red de Carreteras del Estado. Un complejo entramado permitía una importante cuota de éxito.

La CNMC explica que las empresas participantes se adjudicaron 71 de las 101 licitaciones que sacó el Ministerio de Fomento en el periodo comprendido entre 2014 y 2018. Concesiones por valor de 530 millones de euros, cifra que supone un 63% del importe total destinado por el Gobierno a través del Ministerio de Fomento para la conservación de la Red de Carreteras del Estado. Un dato que refleja la importancia de este cártel y el poco valor que tiene la multa impuesta por el CNMC, a pesar de la millonaria cifra que refleja su cuantía.

Según la investigación, las empresas del cártel diferenciaban las diferentes licitaciones según varios grupos, fijando criterios comunes de presentación de ofertas. Para tal fin, las empresas habían creado una fórmula específica para el reparto de cada grupo de contratos a modo de bolsa con ‘puntos’ para que ninguna de las compañías integrantes pudiera conseguir todas las licitaciones de los grupos de contratos definidos por el cártel. Así, cada compañía limitaba sus propuestas de adjudicación a un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes ofertas de cobertura. Un complejo sistema de fácil monitorización por parte de las compañías y difícil detección.