El sector del transporte de mercancías por carretera de Países Bajos vive momentos de cierta tensión tras la declaración de los responsables de la Inspección del Medio Ambiente Humano y del Transporte (ILT) en su última reunión online. En la misma, los dirigentes de la ILT han afirmado que, según los datos de sus campañas de control y vigilancia de vehículos pesados, un porcentaje cercano al 50% de los tacógrafos han sido manipulados. Una cifra que desde la Asociación de Transporte y Logística de Países Bajos (TLN) no comparten.
ILT asegura que en las previsiones más optimistas el 30% de los tacógrafos digitales han sido manipulados en los Países Bajos, cifra que eleva hasta el 50% en los modelos analíticos que manejan una mayor incidencia de irregularidades. Y es que no todos los infractores que llevan a cabo manipulaciones en los tacógrafos digitales en los Países Bajos son detectados en los controles de la ILT. Al final, la manipulación persistente de este tipo de dispositivos hace que sea difícil la detección del fraude en las inspecciones.
Pese a todo, TLN como una de las principales asociaciones de transporte de Países Bajos ha rechazado estas cifras, asegurando que los datos aportados por la ILT no diferencian entre los casos de fraude deliberado de los errores inconscientes. Por este motivo, considera que los casos de manipulación real no superan el 30%, cifra que sigue siendo muy alta pero que está significativamente por debajo del 50% de todos los tacógrafos digitales. Pese a todo, si hay algo en la que ambas partes coinciden es que esta situación es realmente preocupante.
Ante la postura de empresarios y conductores de manipular los tacógrafos para no cumplir con los tiempos de conducción y descanso, no aplicar las condiciones de trabajo adecuadas y no respetar la competencia leal, ILT ha endurecido las penas contra estas prácticas desde el 1 de febrero. Los agentes pueden imponer multas más duras si se detectan infracciones graves de los tiempos de conducción y descanso o de manipulación del tacógrafo en los controles. De hecho, chófer y empresa se exponen a multas de 1.500 y 10.375 euros respectivamente, además de a la pérdida de la tarjeta del conductor.