La propuesta de pago por uso de las autovías del Gobierno de Pedro Sánchez que ya ha sido remitida a Bruselas deja poco margen para las dudas. El Ejecutivo tiene un proyecto, quiere que entre en vigor en 2024 y las bases del mismo están claras. Pese a todo, el ministro de Transportes insiste en buscar el consenso con el resto de las fuerzas políticas y el sector del transporte de mercancías por carretera, un acuerdo que no parece cercano ante cuestiones polémicas como la ausencia de un programa de ayudas al transporte si entra en vigor este modelo.
Aunque el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha actuado por iniciativa propia y sin ningún tipo de acuerdo a la hora de remitir a la Unión Europea la propuesta del pago por uso de autovías dentro del Plan de Resiliencia, Ábalos insiste en que incluye una invitación al debate, ya que en el pasado ha habido proyectos muy similares elaborados por el Partido Popular (PP). De hecho, Ábalos ha asegurado que este proyecto sólo saldrá adelante si existe el acuerdo de todos y que no se va imponer nada. Declaraciones que contrastan con un proyecto en firme y con un plazo definido (2024).
Al final, hasta un proyecto con tanto en juego como el del pago por uso de las autovías se ha utilizado como herramienta política, ya que José Luis Ábalos ha acusado al Partido Popular de tener sendos proyectos para implantar peajes mucho más avanzados y agresivos tanto en 2012 como en 2018. De esta forma, Ábalos ha tildado de incoherente al PP al tener planes para iniciar proyectos similares y ahora oponerse al modelo presentado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluso cuando no se han manejado precios para los peajes.
Ábalos asegura que el pago por uso de las autovías será como mínimo un tercio más barato que en el modelo ideado por el PP, ya que se trata de una medida llevada a cabo con responsabilidad y no por afán recaudatorio. Quizá en lugar de atacar al partido de la oposición y sacar pecho por la inversión para liberalizar ciertos peajes, Ábalos debería definir si habrá ayudas al sector transporte o una exención de la posible tasa para el colectivo o cómo mantendrá el Gobierno los compromisos adquiridos en el Comité Nacional cuando no ha consultado al sector transporte la puesta en marcha de esta iniciativa.