Mucho se ha hablado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno de España para hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19. El tema más candente y polémico ha sido el proyecto de pago por uso de las autovías que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha remitido a Bruselas, pero no hay que desdeñar la importancia de las cifras finales del Plan de Recuperación, ya que este destinará 13.000 millones de euros al área de la movilidad sostenible.

Sin embargo, el desglose de cifras es casi igual de importante, ya que la gestión ser realizará desde diferentes organismos. En términos globales, las tres partes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las que participa el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuentan con un presupuesto global de 20.000 millones de euros. Una cifra que se reduce a los 17.000 millones de euros si se tiene en cuenta la partida que el Ministerio podrá gestionar de manera directa o indirecta. De esta partida salen los 13.000 millones de euros destinados a la movilidad sostenible.

Continuando con este desglose, el Ministerio de Transportes gestionará más del 50% de esta partida de forma directa, concretamente 7.600 millones de euros. El ferrocarril se lleva gran parte de la inversión gestionada por el Ministerio de Transportes con una partida de 6.200 millones de euros. Por su parte, 850 millones irán destinados a la evolución de las carreteras hacia vías más seguras, sostenibles y digitales. Finalmente, la partida restante se utilizará para cubrir las necesidades de Enaire y Puertos del Estado.

Sin embargo, hay que tener en cuenta las partidas que afectarán de manera indirecta al sector del transporte. Se destinarán 4.500 millones de euros al Plan de choque de movilidad en entornos urbanos y metropolitanos, a los que hay que sumar 2.000 millones para el desarrollo de la electromovilidad y el hidrógeno, en manos del Ministerio para la Transición Ecológica. 1.600 millones serán para la descarbonización de la movilidad y para potenciar el transporte público, mientras que se destinarán 3.000 millones de euros para la creación de zonas de bajas emisiones y 6.700 millones irán destinados a la movilidad de largo recorrido.