Las negociaciones para evitar el parón patronal del 27 y 28 de julio han entrado en su fase más crítica. En este marco, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha mandado a las principales asociaciones del sector transporte un borrador de anteproyecto ley destinado que tiene por objetivo acabar con la morosidad del sector. Una respuesta tibia ante las peticiones del sector con el que el Ejecutivo espera acercar posturas en la reunión del Comité Nacional de Transporte por Carretera y evitar la huelga que amenaza con bloquear la cadena de suministro.

El anuncio de José Luis Ábalos de este anteproyecto ley no termina de convencer al sector, que tilda esta medida de un intento desesperado por evitar el parón patronal. De hecho, algunos de los representantes del sector consideran de «insuficientes» las medidas tomadas por el Gobierno, ya que todavía no hay una propuesta en firme para no aprobar los camiones de 44 toneladas y 4,5 metros de altura, así como una reforma de la Ley de Contrato de Transporte para regular de forma adecuada los plazos de pago, la cláusula de revisión del combustible o las manidas operaciones de carga y descarga.

La propuesta de Ábalos pasa por modificar la Ley 16/1987 del 30 de julio para «luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte por carretera». Si bien este es uno de los puntos que ha reclamado el sector, sólo se trata de una de las demandas y el texto todavía tiene que ser tramitado internamente antes de la llegada al Parlamento, donde a su vez podría ser debatido y modificado. Una maniobra a la desesperada que intenta evitar la huelga del 27 y 28 de julio, pero que es difícil determinar si es suficiente hasta que se produzca esta reunión del Comité Nacional de Transporte por Carretera.

Dentro del texto propuesto por Ábalos se busca impedir por ley que se pacte un plazo de pago superior a sesenta días naturales y fija multas entre 1.000 y 2.000 euros a las empresas que incumplan el plazo legal máximo de pago en los contratos de transporte de mercancías por carretera. La sanción se eleva a su vez hasta los 4.000 euros si la empresa afectada por estos impagos son personas físicas, microempresas o pymes. Una norma a aplaudir, pero que llega tarde ante la falta de medidas concretas para no fomentar el uso de peajes, prohibir las tareas de carga y descarga y el no a los camiones de 44 toneladas.