El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado la resolución definitiva de la segunda convocatoria del programa de ayudas para ayuntamientos con el objetivo de implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y promover la transformación sostenible de todos los modos de transporte colectivo urbano. Esta línea de ayudas nace del Plan de Recuperación y permitirá financiar la implantación de veinticuatro Zona de Baja Emisiones. En total, se han concedido 500 millones de euros en esta segunda edición de estas ayudas.
Los 500 millones del Plan de Recuperación que, a su vez, parten de los fondos Next Generation de la Unión Europea, se han repartido entre 112 municipios de toda España. Una cifra que se suma a los 1.000 millones que se otorgaron en la primera convocatoria y que, en este caso, permitirán la cofinanciación de hasta 408 actuaciones que no sólo se limitan a la implantación de las ZBE, sino también a la compra de autobuses eléctricos, el despliegue de carriles bici, la peatonalización de calles y la digitalización de servicios de movilidad.
251 millones (50,2% del presupuesto) se destinará a construir carriles bici, peatonalizar calles e instalar puntos de alquiler de bicicletas. Por su parte, 101 millones (20,2% de la inversión) se centrará en impulsar flotas de autobuses y de vehículos de recogida de basura cero emisiones, además de instalar de puntos de recarga. 62,5 millones (12,5% del total) financiarán proyectos de eficiencia en el transporte público y 45,5 millones (9,1%) servirán para regular el tráfico, la distribución de mercancías y crear áreas de estacionamiento reguladas fuera de las ZBE.
Los casi 40 millones restantes (8%) financiarán 24 proyectos de implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) -por un valor de 26 millones- y hasta dieciocho actuaciones complementarias o de refuerzos a las ZBE ya existentes -14 millones de euros-. Todas las poblaciones que se benefician de estas ayudas son municipios de más de 50.000 habitantes o que con una cifra inferior a este número, pero con más de 20.000 habitantes incumplen los niveles de calidad de aire mínimos.