Los transportistas ya están retomando poco a poco su actividad en las carreteras toda vez que el Gobierno acordó el pasado viernes con los representantes del sector un conjunto de medidas valoradas en más de 1.000 millones de euros, a pesar de que el paro que comenzó hace dos semanas sigue actualmente convocado.

Según informan varias fuentes del sector, tanto empresariales como sindicales, este fin de semana la actividad se ha situado en torno al 97% respecto a los niveles normales y los puertos ya han vuelto a la normalidad, por ejemplo el de Algeciras, al que han vuelto ya 400 camiones que antes se encontraban inmovilizados.

Algunas organizaciones que se sumaron al paro ya están consultando entre sus asociados si quieren volver o no a trabajar. Es el caso de Astasa, una agrupación de autónomos de Salamanca, cuya votación solo ha contado con un 35% de participación porque «la gran mayoría», según representantes de la asociación, ya han vuelto a trabajar.

La plataforma convocante del paro, aunque se reunió el viernes con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha decidido mantener los paros hasta que «el Gobierno no garantice que no se puede trabajar perdiendo dinero». No obstante, hace dos semanas ya se aprobó en el Congreso, con todos los partidos a favor excepto Vox, un decreto que obliga a los clientes de los transportistas a revisar el precio si, por ejemplo, la gasolina sube más de un 5%.

En País Vasco, las empresas del Transporte de contenedores del Puerto de Bilbao han pedido a los autónomos que «vuelvan al trabajo», al considerar ya se ha dado respuesta a «todas sus exigencias», entre las que se incluyen 1.250 euros por camión, la prohibición de que hagan la carga y descarga, la devolución mensual del gasóleo profesional o un descuento de 20 céntimos por litro de carburante.

Aunque la impresión generalizada es que se está volviendo a la normalidad, las mismas fuentes admiten que todavía hay muchas organizaciones empresariales o de autónomos que siguen sumadas al paro patronal, así como que hay ciertos puntos geográficos con una mayor incidencia, como la Cornisa Cantábrica o Andalucía.

En concreto, algunas organizaciones denuncian que se siguen produciendo acciones violentas como pinchazos de ruedas, cuyo coste de reparación asciende a 7.000 euros, por lo que continúan solicitando al Gobierno que actúe para garantizar que los transportistas que quieran seguir trabajando puedan hacerlo.

En todo caso, fuentes del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) trasladan una reflexión sobre el impacto del paro: «Si el sector, que mueve el 95% de las mercancías del país, se hubiera parado al completo, no hubiese habido gasolina que echar a los coches, piensos para los animales o alimentos en los supermercados desde el primer día».

Por eso, apuntan a que su efecto en algunas actividades –como tirar leche o pescado o incluso sacrificar animales– ha sido «puntual», o que las tensiones producidas en los supermercados –como la leche– se deben más a haber acaparado alimentos por parte de algunos consumidores.

Además, el paro se ha producido en un momento en el que las cadenas de suministro ya estaban bastante afectadas, en primer lugar por el Covid-19, y en segundo por la guerra de Ucrania, por lo que la paralización de la actividad de algunas industrias no se ha debido tanto a los transportistas sino a que las materias primas ni siquiera han llegado a España. Asimismo, el precio de la luz también ha obligado a muchas fábricas a paralizar la producción.

Pese a la normalización de la actividad en las carreteras y las numerosas medidas aprobadas por el Gobierno, el sector, y en esto coinciden todas las fuentes, está inmerso en un problema estructural, como la falta de trabajadores (relevo generacional), que el 51% de las empresas o autónomos solo tengan un vehículo (resta poder de negociación con sus clientes), el reto medioambiental o la falta de zonas seguras de descanso.