Los Veintisiete han acordado su posición negociadora en la reforma para reforzar la seguridad vial en la Unión Europea. En línea con la propuesta de Bruselas y el respaldo de la Eurocámara, abogan por que la retirada del carnet de conducir por una infracción grave sea efectiva en todo el territorio comunitario. Sin embargo, han introducido modificaciones respecto a la propuesta inicial, limitando el intercambio de información entre Estados y estableciendo una cláusula de revisión.

El enfoque general pactado por los ministros de Transportes de la UE reunidos en Bruselas permitirá a los colegisladores (Consejo y Parlamento Europeo) iniciar negociaciones para cerrar los detalles de la nueva norma. Esta iniciativa de la Comisión Europea busca evitar que los infractores puedan conducir con impunidad en otros países del espacio común, pese a haber sido sancionados con la retirada del permiso en otro Estado miembro.

De este modo, el Estado miembro que expida el permiso de conducción deberá aplicar, «en condiciones específicas y de conformidad con su propia legislación nacional«, la suspensión del permiso impuesta por otro país de la UE al responsable de una infracción grave.

Sin embargo, los países proponen un enfoque diferente al planteado inicialmente por Bruselas, según el cual la suspensión tendría un efecto general en toda la Unión Europea. Argumentan que un Estado miembro no puede garantizar que las sanciones de tráfico basadas en decisiones nacionales sean aplicadas de manera uniforme en otros Estados soberanos.

Por ello, apoyan una reforma del mecanismo de reconocimiento mutuo de los permisos de conducir, que forma parte de la nueva directiva sobre conducción aún en negociación entre los 27 y la Eurocámara. En esta directiva también se incluyen disposiciones sobre la retirada de permisos y las condiciones para obtener una nueva licencia.

Además, se establecen distintos tipos de suspensión con definiciones claras y adaptadas para garantizar que todos los Estados miembro puedan implementar la directiva, incluso en casos de infracciones no reconocidas como tales en sus sistemas nacionales.

Para reducir la burocracia, la directiva prevé excluir las sanciones cuya duración sea inferior a tres meses o cuando el periodo de castigo restante sea menor a un mes.