La polémica en torno al Paquete de Movilidad ha sido incesante no sólo durante el periodo de tramitación, sino también desde la puesta en marcha de la norma. Los países de Europa del Este han iniciado una guerra frontal contra el nuevo reglamento al considerar que ataca la libre competencia y que perjudica de forma flagrante sus intereses respecto a los países de Europa occidental. Lituania, Bulgaria, Rumanía, Hungría y Polonia son los países que han iniciado esta cruzada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Estos países de Europa del Este, junto a Malta y Chipre, han presentado varios recursos en el TJUE para paralizar la entrada en vigor de distintas disposiciones del Paquete de Movilidad que afectan a la obligatoriedad de regreso de los conductores y camiones al país de origen o a la limitación del cabotaje. Este último punto, quizá el más controvertido, también cuenta con la oposición de Bélgica por el gran número de conductores del país que llevan a cabo labores de cabotaje en Francia y que ahora se enfrentan a un ‘periodo de enfriamiento’ que limita su trabajo.

Una batalla legal que tiene un nuevo actor, ya que Letonia también se ha sumado a la ofensiva judicial contra el Paquete de Movilidad. Al igual que el resto de los países de Europa del Este, el Gobierno letón ha presentado un recurso contra la totalidad de la normativa, poniendo especial hincapié en la obligación del retorno de los vehículos dedicados al transporte de mercancías por carretera cada ocho semana a su país de matriculación, así como contra las nuevas limitaciones para hacer cabotaje.

La posición de Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Hungría y Polonia, así como de Chipre y Malta, pasa por defender los intereses de sus empresas e intentar salvar la competitividad de las mismas, aunque en muchos casos las prácticas de estas compañías se basen en atentar contra la legalidad y la competencia. Sin embargo, la batalla contra el Paquete de Movilidad sigue su curso y aunque este cruce de intereses se mantiene desde antes de la entrada en vigor de la normativa, parece que esta guerra sin cuartel ha llegado a uno de sus momentos más críticos.