El presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci), Jaime Lamo de Espinosa, ha pedido implantar la tarificación por uso en las carreteras para garantizar una movilidad sostenible, y asegurando «el uso finalista de los recursos obtenidos en un fondo para infraestructuras».

Desde la década de los noventa se han invertido unos 100.000 millones de euros en infraestructuras sólo ferroviarias, indicaba el actual Ministro de Fomento, Jose Luis Abalos, «la mayor parte en el AVE» que, subrayó, «ha venido suponiendo la mitad de la inversión del Ministerio y una de las mayores inversiones civiles del Estado«.

Unas inversiones que no se han visto reflejadas en la red de carreteras del estado que siguen, año tras año, mostrando una clara deficiencia de mantenimiento y mejoras. Pese a ello, se sigue insistiendo en la aplicación del pago por uso de las carreteras, situación que ya soporta el transporte por carreteras con los ya conocidos desvíos obligatorios a autopistas.

La Asociación Española de la Carrera ya comunicaba en su último informe que el mal estado de las carreteras españolas aconsejaría reducir el límite de velocidad en 6.800 kilómetros. El déficit de conservación vuelve a crecer y las necesidades de inversión ascienden ya a 7.000 millones de euros. ¿La solución? 900 millones más de inversión en mantenimiento durante los próximos ocho años.

Ese sería el objetivo para disponer de unas correctas infraestructuras viarias, pero como suele ocurrir en estos casos, los informes se quedan en eso, en informes mientras que la Dirección General de Tráfico sigue aumentando las campañas de control y aumentando el gasto en la adquisición de nuevos radares.

De igual forma desde la Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci) se ha pedido un pacto de Estado sobre infraestructuras terrestres de, al menos, diez años, que evite que se mantenga la España «de dos velocidades» y permita paliar un déficit en carreteras de 100.000 millones.

«Necesitamos incrementos sucesivos de la inversión, por encima del (producto interior bruto) PIB, si no queremos descolgarnos y lastrar nuestra competitividad ante los países de nuestro entorno«,  indicaba Lamo de Espinosa durante su intervención en la junta de la patronal de las pequeñas y medianas constructoras.

La falta de inversión en obras públicas destinadas a la mejora y conservación de la red de carreteras del estado es obvia y palpante, pero no debería ser una asociación que se vería beneficiada de estas inversiones la que debe realizar esta reclamación. Al final, la seguridad de todos los conductores es la que está en juego, más allá de los beneficios empresariales.