Las carreteras españolas de la red general del Estado y de las comunidades autónomas necesitan cerca de 10.000 millones de euros para alcanzar unas condiciones de mantenimiento y seguridad óptimas, después de haberse mantenido en condiciones desfavorables durante la última década tras la caída de las inversiones como consecuencia de los recortes derivados de la gran crisis financiera de 2008.

Según el último informe elaborado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), el déficit es de 9.918 millones de euros, lo que supone un aumento del 32% respecto a hace dos años. En torno a 2.000 millones se debe al deterioro de las carreteras y otros 1.500 millones al aumento de los costes de los materiales, que comenzaron hace un año a entrar en una espiral inflacionista.

Además, el deterioro del pavimento no solo repercute en una peor seguridad para los usuarios, sino que incrementa en un 10% tanto el consumo de carburante como las emisiones contaminantes, causando un triple perjuicio para la sociedad, sobre todo en este momento de crisis energética y de concienciación con el calentamiento global.

De los cerca de 10.000 millones de euros en inversiones necesarias, 3.261 millones pertenecen a las carreteras del Estado –que cuentan con 26.400 kilómetros–, y 6.657 millones a las que están en manos de las comunidades autónomas –que suman otros 75.300 kilómetros–. Asimismo, 9.456 millones irían destinados al pavimento y 462 millones al equipamiento vial (señalización, barreras o elementos de balizamiento).

Con estas cifras, el presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano, no cree que sea «un disparate» la propuesta para introducir peajes en las carreteras, una medida que el Gobierno se ha comprometido a estudiar ante Bruselas y que serviría para reducir estos déficits.

El estudio detalla que el firme de las carreteras comenzó a estar en un estado deficientes desde 2009, con una calificación ahora de 134 puntos en la red estatal y de 126 puntos en la autonómica, en ambos casos sobre 400 puntos. Las mejores puntuaciones se encuentran en País Vasco, Extremadura y Comunidad Valenciana y las peores en Aragón, La Rioja y Asturias.