La Ley de Movilidad Sostenible, que el Gobierno prometió aprobar antes de finalizar el año para recibir un nuevo desembolso de fondos europeos, se someterá a su primer examen en el Congreso, donde el PP defenderá una enmienda a la totalidad pidiendo la devolución del texto al Ejecutivo.

Se trata de una norma con la que el Gobierno busca descarbonizar el transporte, reconocer la movilidad como un derecho y aumentar la eficiencia del gasto público y digitalizar el sector.

Sin embargo, el Grupo Popular considera que la norma que ha presentado el Ejecutivo «no establece objetivos ni compromisos nacionales concretos y medibles que den respuesta a los retos que presenta la transformación del sistema de movilidad en España«.

En la justificación de la enmienda, el PP explica que la norma no menciona plazos transitorios, cronogramas de ejecución de medidas, obligaciones de ciudadanos y empresas ni previsión de inversiones públicas cuantificables.

Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo añaden que el proyecto tampoco identifica los órganos competentes responsables de materias como la distribución urbana de mercancías, la regulación del reparto en vehículos ligeros o los requisitos exigidos a las plataformas tecnológicas del transporte, ni aborda con valentía temas críticos como los derechos de los trabajadores de las plataformas ‘riders’, entre otros.

A juicio del PP, el proyecto se limita a configurar un entramado de órganos y comisiones de consulta y asesoramiento que en ningún caso asumen compromisos ni responsabilidades específicas. «Por lo tanto, se trata de una ley vacía de contenido ejecutivo y que carece de órganos y directivos públicos que sean responsables directos de su ejecución«, sentencian los ‘populares’.

LOS ORGANISMOS QUE ESTÁN EN LA LEY NO TIENEN CAPACIDAD EJECUTIVA

Algunos órganos que señala la formación son el Foro Administrativo de Movilidad, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, el Espacio de Datos Integrado de Movilidad o el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible, los cuales asegura que «no tienen capacidad ejecutiva«.

Otro aspecto que critica el PP es que el proyecto «es ajeno a la realidad económiFca, social y ambiental del país«, al no ahondar en el estado del parque de los vehículos motorizados actual, el cual tiene un impacto negativo en las ciudades en términos de contaminación y congestión en incremento de las cifras de accidentalidad. «La solución pasa por la renovación y el vehículo eléctrico«, apostillan.

SE NECESITA UN CAMBIO TRIBUTARIO EN LA MOVILIDAD

El Grupo Popular también sostiene que el proyecto no establece ningún cambio en el sistema tributario que permita una confluencia entre la política de movilidad y la fiscalidad. Y es que, para el PP si no hay cambios fiscales que acompañen la movilidad que favorezcan los nuevos modelos más eficientes y sostenibles «será difícil avanzar«.

Por último, el PP critica que la ley «no apunta soluciones de movilidad rural operativa y financieramente viables» y tampoco prevé «un sistema claro de apoyo estatal a la movilidad sostenible en zonas escasamente pobladas«.