La Comisión Europea ha decidido no restablecer, por el momento, la obligación de que los camiones regresen cada ocho semanas a su Estado de establecimiento, una medida que fue anulada en 2023 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, el organismo comunitario vigilará de cerca las posibles repercusiones de esta decisión, especialmente en lo que respecta a los derechos laborales de los conductores profesionales.

Una anulación controvertida

La normativa sobre el retorno obligatorio de los camiones formaba parte del denominado Paquete de Movilidad, aprobado en 2020 con el objetivo de regular las condiciones de trabajo en el sector del transporte por carretera y evitar la competencia desleal de las llamadas «empresas buzón». Estas empresas, aunque establecidas legalmente en un país con menores costes fiscales y laborales, operan mayoritariamente en otros Estados miembros sin cumplir con sus obligaciones sociales y fiscales en el país de actividad.

Sin embargo, varios países del Este de Europa, donde muchas de estas empresas están registradas, llevaron la normativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Argumentaban que la exigencia de retorno periódico de los camiones suponía una restricción injustificada a la libertad de prestación de servicios y generaba ineficiencias en el transporte de mercancías. En octubre de 2023, el TJUE anuló la disposición, aunque no por considerar válidos los argumentos de los países demandantes, sino por un defecto técnico en su aprobación.

La postura de la Comisión Europea

Pese a la posibilidad de volver a justificar y reintroducir la medida en la legislación comunitaria, el nuevo comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, ha manifestado que no se restablecerá de momento, ya que podría «provocar ineficiencias en el sistema de transporte y un aumento de las emisiones y congestión innecesarias». No obstante, Tzitzikostas aseguró que la Comisión estará atenta a los efectos de la supresión de esta norma, en particular en lo que respecta a las condiciones laborales de los conductores profesionales.

Impacto en el sector del transporte

La eliminación de la obligación de retorno periódico ha generado reacciones dispares dentro del sector. Mientras que las asociaciones de transporte de los países del Este han celebrado la decisión como un alivio para sus flotas y una medida que favorece la competitividad, otras organizaciones, como la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), la consideran un retroceso en la lucha contra la competencia desleal y la precarización laboral.

Para FENADISMER y otras asociaciones defensoras de la regulación del sector, la práctica de las «empresas buzón» perjudica a las compañías de transporte que operan cumpliendo con las normativas fiscales y laborales de los países en los que realmente prestan servicios. La exigencia de retorno obligatorio era vista como una herramienta para evitar que las flotas de estas empresas operaran de forma permanente en otros países sin contribuir a la economía local ni respetar las normativas laborales vigentes.

El futuro del Paquete de Movilidad

El Paquete de Movilidad de la Unión Europea ha sido objeto de constantes debates desde su aprobación en 2020. Además del retorno obligatorio de los camiones, la legislación introdujo medidas como la prohibición de que los conductores duerman en la cabina de los camiones durante los descansos semanales obligatorios, limitaciones al cabotaje y la aplicación del salario mínimo del país donde se realice el transporte a los conductores desplazados. Estas medidas han sido respaldadas por países de Europa occidental, que buscan garantizar unas condiciones de competencia justas y mejorar las condiciones laborales de los transportistas, pero han sido fuertemente criticadas por países del Este, que consideran que perjudican a sus empresas y limitan su capacidad de operar en el mercado europeo.

Ante la decisión de no restablecer el retorno obligatorio de los camiones, la Comisión Europea se enfrenta al reto de equilibrar la libre circulación de servicios con la necesidad de evitar abusos en el sector del transporte. En este sentido, el compromiso de vigilar los efectos de la medida podría traducirse en futuras regulaciones o ajustes en la legislación vigente.

Por ahora, el sector del transporte por carretera en la Unión Europea sigue en un escenario de incertidumbre, con una normativa que continúa generando controversia y con un equilibrio difícil entre los intereses económicos, las condiciones laborales y la sostenibilidad medioambiental.