Sostiene que «pueden superar los límites permitidos por la directiva». Transportes responde que respeta «el espíritu» de una norma aún pendiente de ser transpuesta.

Desde el 1 de enero, la AP-66 se ha convertido en un caso excepcional que ha despertado el interés de la Comisión Europea. Mientras las tarifas para vehículos ligeros aumentaron, el Ministerio de Transportes amplió la bonificación para el transporte pesado. Esta medida ha generado que motos y coches abonen más que autobuses y camiones, algo que no ocurre en ninguna otra autopista de concesión estatal.

Según recoge el diario EL COMERCIO, en el tramo de Campomanes a La Magdalena, la tarifa para vehículos ligeros se incrementó en 60 céntimos, alcanzando los 15,6 euros. En cuanto a los vehículos pesados, el ministerio cumplió su compromiso: hasta 2024 la bonificación era del 40% sobre la tarifa teórica y, a partir de este año, se elevó al 60%. Unos 1.400 vehículos diarios se benefician de esta medida. Para los pesados de tipo II –camiones y autocares de dos y tres ejes, la reducción fue de 4,25 euros, quedando la tarifa en 11,3 euros. En los pesados de tipo III de cuatro o más ejes–, el descuento fue de 6,45 euros, fijando el peaje en 14,5 euros.

Que una moto eléctrica con distintivo de cero emisiones pague más que un megatrailer diésel es una situación inédita en las otras 17 autopistas estatales. No obstante, dentro de las vías de titularidad autonómica existe un precedente en la AP-15 de Navarra, donde los pesados también pagan menos que los ligeros.

Límite superado

La Comisión Europea ha manifestado su sorpresa ante esta situación. Tras conocer el caso, su primer análisis indica que «los descuentos aplicados a los vehículos pesados por las autoridades españolas pueden superar los permitidos por la Directiva Euroviñeta».

Esta normativa, aprobada en 2022, establece que los peajes deben ajustarse al principio de recuperación de costes de infraestructura. Su sistema de cálculo estipula que «los ingresos por peajes cubran los costes de infraestructura sin sobrepasarlos». Sin embargo, permite excepciones, ya que «los Estados miembros tienen flexibilidad para recuperar solo una parte de dichos costes si así lo desean», según explican desde Bruselas.

La directiva impone, no obstante, un límite a las bonificaciones. En su artículo 7 (i), establece que «los descuentos no pueden exceder el 13% y deben reflejar los ahorros reales en los costes administrativos». En otras palabras, el límite a la reducción se define en función del precio pagado por los conductores que no acceden a la bonificación.

La respuesta de Europa

En una respuesta escrita a EL COMERCIO, la Comisión aclara que la directiva no regula las tarifas de turismos y motocicletas, y que «el hecho de que los peajes de vehículos ligeros sean más altos que los de los pesados no constituye, por sí solo, una infracción de la Directiva». No obstante, cuestiona si la bonificación del 60% respeta el límite máximo permitido por la normativa europea. Por ello, «para garantizar el cumplimiento de las normas de la UE, la Comisión contactará con las autoridades nacionales competentes».

Desde el Ministerio de Transportes defienden las nuevas bonificaciones en el Huerna, aprobadas tras el escándalo en Asturias destapado por EL COMERCIO, que evidenció fallos en el sistema. En una serie de artículos publicados en enero de 2024, este diario reveló que, desde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo central mantiene un techo de gasto anual para los descuentos, sin llegar a agotarlo. Los fondos no utilizados se destinan a otros fines.

El departamento dirigido por Óscar Puente sostiene que «el ministerio se ajusta al espíritu de la directiva en todas las decisiones relacionadas con los peajes en España», incluyendo las nuevas bonificaciones.

Cabe destacar que el Gobierno aún no ha transpuesto la Directiva Euroviñeta a la legislación nacional, pese a que el plazo para hacerlo venció el 25 de marzo. En diciembre, la Comisión Europea envió un dictamen motivado concediendo dos meses para corregir esta situación, pero España no ha cumplido con la exigencia. Esto otorga a Bruselas la posibilidad de presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE si las explicaciones del Ministerio de Transportes no resultan satisfactorias.