La Unión Internacional de Transportes por Carretera (IRU) ha advertido que la tan deseada propuesta legislativa de la Comisión Europea para modificar la Directiva de Transporte multimodal podría no ser tan beneficiosa para el sector como se podría esperar ya que el ambiguo marco de incentivos que se ha dibujado para el transporte combinado podría derivar en servicios de transporte intermodal ineficientes. En gran medida dependerá de la capacidad de la operación, ya que no siempre estos incentivos serán una solución para apostar por este tipo de transporte.

La propuesta estrella de la modificación de la citada Directiva dibuja una serie de incentivos para el transporte combinado o intermodal en función de la capacidad de la operación con el fin de reducir los costes externos en un 40% en comparación con el precio de un servicio de transporte equivalente desarrollado exclusivamente por carretera. Sin embargo, la definición de coste externo y el cálculo del mismo ponen en duda la eficiencia de esta medida, por mucho que los Estados miembro tengan que reducir los costes del transporte intermodal un 10% en los próximos siete años.

Al dejar la propuesta ciertas variables abiertas para el cálculo de los costes externos, existe la posibilidad de que estos incentivos no respondan a las necesidades reales del transporte profesional. Además, las empresas que se quieran beneficiar de estos incentivos a la hora de utilizar el transporte intermodal deberán usar obligatoriamente el marco de Información Electrónica sobre el Transoprte de Mercancias (eFTI), sumando nuevos requisitos cuando ni siquiera la implementación real del eFTI será completa hasta mediados del año 2026.

Raluca Marian, responsable de IRU, ha señalado: «Apreciamos el esfuerzo de la Comisión por abordar las normas del transporte combinado, pero consideramos que la propuesta supone una oportunidad perdida de establecer un marco de incentivos simple, transparente y claro para los usuarios del transporte de mercancías combinado e intermodal. IRU no ve adecuado vincular los incentivos al transporte combinado con el desempeño de los costes externos. No es el enfoque correcto. La complejidad adicional y la inseguridad jurídica pueden llevar a que muchos transportistas no se apoyen en estos incentivos».