Asociaciones como FENADISMER, CETM o FROET han solicitado a nivel nacional, tanto por vía formal como por vía penal, la compensación para los transportistas autónomos y empresas de transporte por las pérdidas y daños sufridas por el sector en las protestas de los agricultores. En esta línea, ahora ha sido la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) la ha emitido una declaración en la que subraya que los gobiernos son responsables por los daños sufridos por el sector al no mantener la libre circulación de mercancías, tal y como dicta la ley.

A raíz de las protestas del sector agrícola iniciadas en Francia y Alemania y que con el paso de las semanas se ha extendido a países como Bélgica, Portugal, Italia o España, estando todavía activas en nuestro país, miles de transportista autónomos y empresas de transporte han visto gravemente interrumpida su actividad por los bloqueos de rutas clave y vías de alta capacidad, a lo que hay que sumar los ataques directos que se han producido contra los camiones para tirar su carga.

Ataques directos contra transportistas, camiones y contra la propia mercancía, destruida en muchos casos en su totalidad, que han tenido lugar en multitud de ocasiones ante la presencia de la policía como testigo pasivo. Por esa razón, IRU y el resto de asociaciones han solicitado que los Gobiernos de cada país asuman la responsabilidad de estos actos por su nula capacidad para mantener la libre circulación y que compensen económicamente a los transportistas, tanto por las pérdidas por no llevar a cabo sus operativas en tiempo y forma por los bloqueos como por los daños a camiones y mercancías.

El costo medio para el conductor u operador de un camión bloqueado es de aproximadamente 100 euros por hora. Una cifra que puede aumentar rápidamente, colocando contra las cuerdas a los profesionales autónomos y a los propietarios de pymes. Por esa razón y ante la ineptitud de los Gobiernos a la hora de garantizar la continuidad de las cadenas logísticas y proteger a los conductores que simplemente intentan hacer su trabajo, lo más justo es que el transporte sea indemnizado. Si los gobiernos no cumplen su papel protector, deben pagar por los daños porque nadie más lo hará.