La Organización Internacional del Transporte (IRU) ha llevado a cabo un estudio para analizar las graves consecuencias de la pandemia de COVID-19 en las empresas dedicadas al transporte de mercancías por carretera. Y las conclusiones no pueden ser más preocupantes, ya que los resultados obtenidos advierten de una más que posible ola masiva de quiebras dentro del sector. De hecho, 2021 amenaza con ser un ejercicio en el que se produzca una grave crisis de ‘supervivencia’ dentro del sector transporte en toda Europa.

Según señala el estudio de IRU, los operadores de transporte de todo el mundo se enfrentan a un ejercicio de 2021 realmente crítico, ya que muchos de estos operadores pueden caer en una situación de incumplimiento de pago en sus préstamos. Además, cubrir las operaciones y servicios de transporte que puedan encontrar puede no ser suficiente para cubrir los gastos y salvar a las compañías de la insolvencia y, por ende, del cierre del negocio. Por este motivo, IRU pide a las autoridades un plan específico para evitar el colapso del sector del transporte de mercancías por carretera.

En esta línea, el estudio llevado a cabo por IRU señala que las pérdidas para el sector del transporte de mercancías por carretera a lo largo de 2020 en consecuencia directa de la pandemia de COVID-19, han crecido hasta los 679 millones de dólares a nivel global, cifra que es de 500.000 millones entre las empresas dedicadas al transporte de pasajeros. Una situación que es particularmente grave en Europa, donde se estima que las pérdidas alcanzan los 125.000 millones de dólares para el transporte de mercancías y de 94.000 millones para el de pasajeros.

Ante estas cifras, IRU pide a los gobiernos que pongan en marcha planes de ayuda directas en efectivo para las empresas de transporte, facilitando el acceso a préstamos, la refinanciación de los créditos existentes y el acceso al crédito para la renovación de flotas. IRU también pide facilidades para afrontar el pago de impuestos, cargos y aranceles. Por último, la organización solicita programas de ayudas a los desempleados, designar el transporte como actividad esencial, establecer carriles verdes para facilitar el transporte y aplicar una mayor flexibilidad en las reglas y restricciones sobre la conducción.