Uno puede presuponer que la Dirección General de Carreteras tiene el objetivo de velar por encima de todo por los intereses del transporte de mercancías por carretera. Sin embargo, en España a veces las cosas funcionan de una manera distinta a la convencional y así lo demuestra el nuevo Reglamento General de Carreteras que tramita este organismo. Y es que las empresas de transporte de mercancías por carretera que realicen ‘transportes especiales’ deben poder justificar que no pueden trasladar por tren o barco esta mercancía.

Sorprende que la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana siga las directrices generales del órgano ministerial y en lugar de velar por el transporte de mercancías por carretera lo haga por le transporte ferroviario, la gran apuesta del Gobierno. De hecho, en el proyecto de modificación del Reglamento General de Carreteras se contempla que la aprobación de transportes especiales sólo se dará si la empresa justifica que el traslado de esta mercancía no se puede realizar por otro medio más sostenible sin que haya unos costes desproporcionados.

En definitiva, la Dirección General de Carreteras a partir de esta modificación del Reglamento General de Carreteras pretende atentar de manera frontal contra el artículo 4 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en el que se garantiza la libre elección por parte del cliente del modo en el que desea que sea trasladada su mercancía. De hecho, el texto señala que los poderes públicos buscarán una armonización de las condiciones de competencia entre los diferentes modos y empresas de transporte, algo que a simple vista ya se está vulnerando.

De hecho, la apuesta del Ministerio de Transportes por el ferrocarril es descarada, incluso si cada año pierde más cuota de mercado. Tanto es así que en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 el ferrocarril es el modo de transporte con un mayor grado de inversión con un presupuesto de casi 7.000 millones de euros, cifra que supone casi un 42% del total de las inversiones presupuestadas. Por su parte, la inversión destinada al transporte por carretera apenas alcanza los 2.500 millones de euros.